Reporte Tributario Nº44 Diciembre 2013

Este cuerpo normativo no sólo busca clarificar y uniformar la administración de fondos de terceros, sino que además, buscar una adecuado equilibrio entre la rentabilidad de las inversiones efectuadas por las Administradoras y la protección de los aportantes.

En este contexto, el primer aspecto que regula la norma es precisamente a las Administradoras de Fondos, que deben ser constituidas como sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo debe ser la administración de recursos de terceros, sujetos a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (en adelante también SVS). La disposición establece requisitos mínimos para la constitución de las mencionadas Administradoras y para la oferta de los fondos.

El principio general que rige la materia, consiste en que las operaciones del fondo son efectuadas por la administradora, pero a cuenta y riesgo del primero, el cual será titular de los instrumentos representativos de las inversiones realizadas y de los bienes adquiridos, los que se registrarán y contabilizarán en forma separada de las operaciones realizadas por la administradora con sus recursos propios y de las operaciones de otros fondos que administre (Artículo 52 del proyecto).

La administradora, sus directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales responden hasta por la culpa leve en el ejercicio de sus cargos. El legislador, además, quiso que la responsabilidad de la administradora fuera indelegable, sin perjuicio que puedan conferir poderes especiales o celebrar contratos por servicios externos para la ejecución de determinados actos, negocios o actividades necesarias para el cumplimiento del giro.

La administradora estará obligada a indemnizar al fondo o a los partícipes por los daños y perjuicios que ella o cualesquiera de sus dependientes o personas que le presten servicios le causaren al fondo, como consecuencia de la ejecución u omisión, según corresponda, de cualesquiera de las actuaciones prohibidas a que se refiere la Ley.

Para proteger a los aportantes, el proyecto destaca además que   los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de la administradora, “así como los trabajadores que realicen funciones de relevancia en la comercialización de las cuotas de fondos, en el proceso de elección o toma de decisiones de inversión para fondos, en la realización de operaciones de fondos y gestión de riesgos en la administradora”, deben cumplir con los requisitos de idoneidad y conocimientos que la misma Superintendencia determine.

Además, los dineros, instrumentos y bienes que, en conformidad a la ley, mantengan las administradoras por cuenta del o los fondos que administren, serán inembargables para todos los efectos legales, salvo que se trate de obligaciones propias del fondo o garantizadas por éste.

Dada la consagración del principio que las operaciones se hacen por cuenta y riesgo del fondo, el proyecto obliga a cada fondo a contar con un reglamento público que debe ser depositado en la SVS en el llamado “Registro de Depósitos”. Este reglamento deberá establecer los derechos, obligaciones y políticas que regirán a la administradora, al fondo y a los partícipes del mismo.

En caso que la administradora gestione más de un fondo, deberá depositar un reglamento general de fondos, que deberá abordar, al menos, los siguientes aspectos:

“a) La forma de prorrateo de los gastos de administración entre los distintos fondos gestionados.
b) Los límites de inversión que se deberán respetar por la inversión conjunta de esos fondos y la forma y proporción en que se liquidarán los excesos de inversión.
c) La forma en que se resolverán los conflictos que pudieren producirse entre fondos, sus partícipes o la administración de los mismos.
d) Los beneficios especiales de los partícipes de fondos en relación al rescate de cuotas y su inmediato aporte en otro fondo administrado por la misma administradora.
e) Cualquiera otra mención que la Superintendencia determine mediante norma de carácter general”.

 

El proyecto distingue entre dos tipos de fondos, a saber:

a) Los Fondos Mutuos, que son aquellos que permiten el rescate total y permanente de las cuotas, y que las paguen en un plazo inferior o igual a 10 días.

b) Los Fondos de Inversión, aquellos que no cumplan con las condiciones para ser calificados como “fondos mutuos”, dentro de los cuales se debe considerar también la existencia de fondos no rescatables.

Los aportes quedarán expresados en cuotas del fondo, pudiendo existir distintas series de éstas para un mismo fondo, lo que deberá establecerse en el reglamento interno respectivo, bajo las condiciones que establezca la Superintendencia.

Por su naturaleza, la regulación de los fondos se asemeja a la de una sociedad anónima. Se le reconoce, por ejemplo, derecho preferente de suscripción de cuotas ya que en caso de aumento de capital del fondo, los fondos no rescatables deberán ofrecer las nuevas cuotas, a lo menos por una vez, preferentemente a los aportantes del fondo inscritos en el Registro de Aportantes, a prorrata de las cuotas que éstos posean a ese momento, y por el plazo que la misma Asamblea de Aportantes acuerde. Los fondos no rescatables deben deberán contar con un Comité de Vigilancia y someter a asambleas ordinarias o extraordinarias de aportantes las materias señaladas en la misma normativa. Se regula incluso  la fusión, división o transformación de fondos, la cual se llevará conforme a los requisitos y procedimientos que determine la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Los fondos de inversión distribuirán anualmente como dividendos a los aportantes, a lo menos, el 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio. Cualquier disposición o acuerdo en contrario ya sea del reglamento o de la  Asamblea de aportantes, no producirá efecto alguno, debiendo la administradora cumplir en todo caso con el referido deber de distribución. Este reparto deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual.

Cuando la Administradora no pague o ponga a disposición dentro del plazo señalado  los dividendos, estos se reajustarán según variación de la UF hasta la fecha de pago efectivo, y devengarán intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo período. Los reajustes e intereses serán de cargo de la administradora que haya incumplido la obligación de distribución y, cuando dicho incumplimiento se haya producido por causas imputables a ella, no podrá deducirlos como gastos necesarios para producir la Renta de conformidad al artículo 31 de la Ley de la Renta, sin que se pueda considerar estos ítemes como gastos rechazados para efectos del artículo 21 de la misma. El proyecto no indica cuando el incumplimiento debe entenderse que se ha producido por causas imputables a la Administradora, por lo que será necesario en el futuro atender a la interpretación que da el SII sobre esta disposición.
 
Los dividendos deben ser pagados en dinero, salvo que el reglamento interno establezca la opción para los aportantes de recibirlos total o parcialmente en cuotas liberadas del mismo fondo, representativo de una capitalización equivalente. En este último caso, se aplicará respecto de tales cuotas lo dispuesto en los artículos 17 N° 6 y 18, inciso final, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, esto es, se les da el mismo tratamiento de las crías o acciones liberadas de pago.

Respecto del tratamiento de los fondos, expresa la Ley que “los fondos de inversión y sus administradoras estarán sujetos únicamente al régimen tributario establecido en esta ley, respecto de los beneficios, rentas y cantidades obtenidas por las inversiones del fondo”. Una expresión completamente similar se contiene en la letra a) del Nº2 del artículo 81 a propósito de los fondos mutuos. No obstante  la claridad de este mandato, el inciso final del mismo artículo 81 expresa que tanto la Ley sobre Impuesto a la Renta como el Código Tributario serán normas supletorias en todo “aquello que se relacione con la determinación, declaración y pago del impuesto, así como con las sanciones por la no declaración o pago oportuno de los impuestos que corresponden o por la no presentación de las declaraciones juradas o informes que se deban presentar”.

La Ley distingue para efectos del tratamiento tributario de los fondos, entre Fondos de Inversión y Fondos Mutuos.

Expresa la ley que la administradora estará obligada, respecto de cada fondo de inversión que administre, a llevar el registro Fondo de Utilidades Tributables y, en el mismo registro, pero en forma separada, anotar las cantidades no constitutivas de renta y las rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional.

En este fondo se anotarán todas las rentas o cantidades recibidas de terceros por el fondo de inversión  producto de las inversiones que éste haya realizado, ya sea a título de participaciones sociales, dividendos u otras cantidades que se perciban, con indicación del Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a dichas sumas, para los efectos de asignar posteriormente el crédito que corresponda. Las anotaciones se efectuarán conforme al orden cronológico de percepción de dichas cantidades.

En el mismo registro del Fondo de Utilidades Tributables  se anotarán separadamente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14, letra A), número 3° de la Ley de la Renta, las cantidades recibidas de terceros que, conforme a las definiciones de dicha ley, correspondan a ingresos no constitutivos de renta o rentas exentas del Impuesto Global Complementario. También se anotarán, de la misma forma, los ingresos provenientes de la enajenación de los instrumentos a que se refieren los artículos 104 y 107 de la Ley de la Renta, los que no constituirán renta en la medida que cumplan con los requisitos que se establecen en dichas disposiciones. En este último caso, las pérdidas que se produzcan en la enajenación de dichos instrumentos se rebajarán de los ingresos respectivos.

Desde el punto de vista de administración del impuesto, la administradora será responsable de practicar y enterar las retenciones de impuestos que correspondan por las operaciones del fondo de inversión. Asimismo, la administradora deberá informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y oportunidad que éste establezca mediante resolución, antecedentes tales como la individualización de los aportantes,  el monto de sus aportes, el número de cuotas y porcentaje de participación que les corresponden en el patrimonio del fondo de inversión, los rescates y enajenaciones de cuotas que efectúen en el ejercicio respectivo, y  las distribuciones que efectúen, incluida la que se lleve a cabo mediante la disminución del valor de cuota del fondo no imputada al capital, y devoluciones de capital, y los créditos asociados a éstas, así como las retenciones de impuesto que practique, por cada uno de los fondos de inversión que administre.

A los fondos de inversión se les podrá aplicar el tratamiento tributario previsto en el inciso primero del artículo 21 de la Ley de la Renta, únicamente sobre los siguientes desembolsos, operaciones o cantidades representativas de éstos:


a) Aquellos que no sean necesarios para el desarrollo de las actividades e inversiones que la ley permite efectuar al fondo de inversión.
b) Los préstamos que los fondos de inversión efectúen a sus aportantes contribuyentes del impuesto global complementario o adicional.
c) El uso o goce, a cualquier título, o sin título alguno, que beneficie a uno o más aportantes, contribuyentes del impuesto global complementario o adicional, su cónyuge o hijos no emancipados legalmente de éstos, de los bienes del activo del fondo de inversión.
d) La entrega de bienes del fondo de inversión en garantía de obligaciones, directas o indirectas, de los aportantes contribuyentes del impuesto global complementario o adicional.
e) Las diferencias de valor que se determinen por aplicación de la facultad de tasación ejercida, según se explica a continuación.

Tratándose de los desembolsos referidos en las letras a) y e) anteriores, el pago del impuesto  será de responsabilidad de la administradora, sin perjuicio de su derecho a pedir su devolución contra el fondo de inversión respectivo.

Por su parte, cuando los desembolsos u operaciones señaladas en las letras b), c) y d) anteriores, hayan beneficiado a uno o más aportantes contribuyentes del impuesto global complementario o adicional, se aplicará sólo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 21 de la Ley de la Renta, siendo tales aportantes los responsables del pago del impuesto y no la administradora. En otras palabras, los aportantes beneficiados deberán declarar y pagar el impuesto, aplicando además un incremento del 10%  sobre el monto de las cantidades que a que se refieren las operaciones. Se entenderá que han beneficiado a un aportante cuando hayan beneficiado a su cónyuge, a sus hijos no emancipados legalmente o a cualquiera otra persona o entidad relacionada con aquél.  Cuando dichas cantidades beneficien a dos o más aportantes en forma simultánea y no sea posible determinar el monto del beneficio que corresponde a cada uno de ellos, se afectarán con la tributación indicada, en proporción al valor de las cuotas que poseen cada uno de ellos.  Además, tratándose de las cantidades señaladas en las letras a) y d), éstas se rebajarán del Fondo de Utilidades Tributables respectivo en el ejercicio en que ocurra el desembolso o la ejecución de la garantía, según corresponda.

El Servicio de Impuestos Internos podrá fundadamente ejercer la facultad de tasación establecida en los artículos 17, número 8, inciso quinto de la Ley de la Renta y 64 del Código Tributario, respecto de los valores asignados en las siguientes operaciones cuando resulten notoriamente superiores o inferiores, según corresponda, al valor corriente en plaza o de los que se cobren normalmente en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación:

a) Enajenación de activos del fondo de inversión efectuada a sus aportantes o a terceros y distribución de cantidades a sus aportantes efectuada en especie, con ocasión del rescate de las cuotas de un fondo de inversión, la disminución de su capital, incluido el que se efectúe mediante la disminución del valor cuota del fondo, o en pago de dividendos, y
b) Aportes en especie efectuados a fondos de inversión o enajenación de bienes o activos a dichos fondos, en cuyo caso las diferencias de valor determinadas al aportante o enajenante se afectarán con los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta que resulten aplicables a la operación respectiva.

No procederá la facultad de tasar en los casos de división o fusión de fondos de inversión y se mantendrá para efectos tributarios el valor de los activos y pasivos existentes en forma previa a dichas operaciones en los fondos de inversión fusionados o divididos.  En los casos de fusión o transformación de fondos de inversión, los beneficios netos y las cantidades registradas en el Fondo de Utilidades Tributables, incluyendo las cantidades no constitutivas de renta y las rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional anotadas en dicho registro, se entenderán reinvertidas en el fondo absorbente, que nace con motivo de la fusión o el resultante, debiéndose mantener tal registro, aun cuando éste sea un fondo mutuo.  El posterior reparto de dichas cantidades, comenzando por las más antiguas anotadas en el registro pertinente y considerándose para estos efectos que las recibidas con ocasión de la fusión se perciben en el momento de la fusión, se afectarán con la tributación aplicable a los aportantes de los fondos de inversión como si la fusión o transformación no se hubiere efectuado.  

Tratándose de la división de fondos de inversión, dichas cantidades y los créditos respectivos, se asignarán conforme se distribuya el patrimonio del fondo de inversión dividido, debiéndose mantener el registro en cada fondo.

En este caso, indica la normativa que la administradora estará obligada, respecto de cada fondo mutuo que administre, a mantener un registro de los dividendos recibidos por éstos de sociedades anónimas abiertas chilenas, afectos a los Impuestos Global Complementario o Adicional, y de los créditos establecidos en los artículos 56, número 3, y 63 de la Ley de la Renta, por el Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a los citados dividendos (Registro de dividendos). Las anotaciones se efectuarán conforme al orden cronológico de percepción de dichas cantidades. Cabe recalcar en este punto que la norma, a diferencia de lo que sucede tratándose de fondos de inversión, no habla expresamente de un registro FUT.

Igual como se describió a propósito de los fondos de inversión, la administradora será responsable de practicar y enterar las retenciones de impuestos que correspondan por las operaciones del fondo mutuo, en conformidad a los artículos 74 y 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Asimismo, la administradora deberá informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y oportunidad que éste establezca mediante resolución, antecedentes similares a los que ya se han señalado a propósito de los fondos de inversión.

En los casos de fusión o transformación de fondos mutuos, los beneficios netos y las cantidades registradas, se entenderán reinvertidas en el fondo absorbente, que nace con motivo de la fusión o resultante de la transformación, aun cuando éste sea un fondo de inversión, debiéndose mantener tal registro. El posterior reparto de dichas cantidades, comenzando por las más antiguas anotadas en el pertinente registro y considerándose para estos efectos que las recibidas con ocasión de la fusión se perciben en el momento de la fusión, se afectará con la tributación aplicable a los aportantes de los fondos mutuos como si la fusión o transformación no se hubiere efectuado. Tratándose de la división de fondos mutuos, dichas cantidades y los créditos respectivos se asignarán conforme se distribuya el patrimonio del fondo mutuo dividido, debiéndose mantener el registro en cada fondo.