Reporte Tributario Nº59 Abril 2015

gonzalo polanco

Estimados lectores,

En esta quincuagésima novena edición del Reporte Tributario, Nº59 abril/2015, seguiremos analizando aspectos relacionados con la reforma tributaria contenida en la Ley 20.780 y en este número, nos abocaremos a estudiar el mecanismo que se ha llamado "repatriación de capitales" contenido en el artículo 24 transitorio de la señalada Ley.

Tras la publicación del reporte Nº 55 en noviembre de 2014, en el cual se efectuaba a un análisis de la constitucionalidad de la mencionada norma, algunos lectores nos han expresado la inquietud en torno a la necesidad de conocer más detalladamente este mecanismo, que ya se encuentra operativo y con algunos contribuyentes que ya han presentado declaraciones. Es por ello que, complementando el reporte ya mencionamos, en este documento los autores hacen un detallado análisis de los requisitos, procedimiento y efectos de la disposición. Al lector sin duda le será útil además la lectura de la Circular Nº8 de 2015 y de la Resolución Exenta Nº 1 del mismo año, ambas del SII.   

Los invitamos a visitar www.cetuchile.cl, sitio en el que podrán encontrar publicaciones sobre diversos estudios tributarios, seminarios, apariciones en prensa de nuestros colaboradores e integrantes, análisis de jurisprudencia, historial de reportes tributarios, tesis para la obtención del grado de Magíster en Tributación de la Universidad de Chile, entre otras temáticas.

Invitamos asimismo a todos los lectores a interiorizarse detalladamente de las labores y actividades que desarrolla el Centro de Estudios Tributarios (CET UChile), a través del archivo adjunto denominado Tributación en la FEN (Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile).

Profesor Gonzalo Polanco Zamora
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios
CET Universidad de Chile.

Durante el transcurso del año 2015, la Ley N°20.780 (en adelante “la reforma”) otorga a los contribuyentes que así lo deseen la opción de declarar y pagar un impuesto especialísimo, con carácter único y sustitutivo, por cierta clase de bienes y rentas que se encuentren o se hayan obtenido en el extranjero y que en su oportunidad no fueron declarados y/o gravados con los tributos correspondientes.

Este nuevo sistema de declaración y repatriación de capitales, contemplado en el artículo 24° transitorio de la reforma, es extraordinario y voluntario para el contribuyente permitiendo por un lado regularizar la situación de aquellos que se enmarquen dentro de las hipótesis que contempla la norma legal, y por el otro dar el paso gradualmente hacia el sistema definitivo de información obligatoria contemplada en el artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta (en adelante “LIR”), que entrará en vigencia el 1 de enero de 2017 y bajo el cual el contribuyente de todas formas deberá informar todas sus inversiones en el extranjero.


1 Reporte  preparado por los abogados Juan Pablo Cabello y Luz María Lonza, abogados de Cabello, Letonja y Cía., en base a la Ley N°20.780 y Circular N°8 del 2015 emitida por el Servicio de Impuestos Internos.

 

Podrán acogerse a este sistema voluntario de declaración los contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile con anterioridad al 1 de enero de 2014.

Sin embargo, se prohíbe expresamente en el numeral 11 del artículo 24° transitorio de la reforma acogerse a las reglas de repatriación de capitales a quienes hubieren sido condenados, formalizados o sometidos a proceso por delitos tipificados en la ley N°19.9131 y en la ley N°20.3932 sobre lavado de activos y financiamiento de terrorismo, por delito tributario y por falsificación de dinero o entrega de información falsa al Banco Central. Asimismo, se excluyen los contribuyentes que hayan sido objeto de citación, liquidación, reliquidación o giro por parte del SII, que diga relación con los bienes que pretenda incluir en la declaración.


1 Ley que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
2 Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica

 

El sistema de declaración y repatriación de capitales contempla una tasa preferente del 8% aplicada sobre el valor de los bienes y/o rentas declarados que en su oportunidad no fueron gravados. Este impuesto tiene carácter de único y sustitutivo, ya que no podrá aplicarse sobre los bienes y/o rentas declarados ningún otro tipo de impuesto.

Para acceder a dicha tasa preferencial, el contribuyente de forma voluntaria deberá presentar a la administración tributaria todas aquellas rentas y/o bienes que posee, y por los cuales no ha tributado, con el fin de regularizar su situación e incorporarlos al sistema a partir de la declaración para efectos de ser regidos en lo sucesivo por las normas vigentes respectivas de forma clara y transparente.

Por otro lado, el acogerse a esta nueva normativa implica la extinción de cualquier responsabilidad que para efectos tributarios pudiera derivarse del incumplimiento previo. En este sentido, el efecto propio de la declaración y pago del impuesto es presumir de derecho la buena fe del contribuyente en lo que se refiere a la falta de cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Finalmente este nuevo sistema busca ser un apoyo para combatir los delitos relacionados al blanqueo y lavado de activos. Así, la normativa surge como un complemento a la Ley N°19.913, la cual contempla como entidad importante la Unidad de Análisis Financiero (en adelante “UAF”) destinada a prevenir e investigar este tipo de conductas con el fin de evitarlas y sancionarlas.

Bajo la lógica de complementación de ambas normativas, es importante destacar que la información declarada por el contribuyente podrá ser conocida por la UAF para efectos de investigación y prevención, estableciéndose expresamente que dicha información deberá ser proporcionada a esta unidad por los Bancos y otras instituciones que regula la ley N°19.913, extendiéndose además dicha obligación al Servicio de Impuestos internos (en adelante “SII”).

Aquellos de propiedad directa o indirecta del contribuyente y que se encuentren en el extranjero sin haber sido declarados y gravados en la oportunidad correspondiente. También los bienes y rentas chilenas de propiedad de chilenos en forma indirecta, todo siempre y cuando sean adquiridos antes del 1 de enero del 2014.

Así, los bienes susceptibles de acogerse a la declaración son los siguientes: a) bienes incorporales muebles nominativos tales como acciones o derechos en sociedades constituidas en el exterior, instrumentos financieros, entre otros; b) divisas, y; c) cualquier renta o incremento patrimonial que provenga de los bienes indicados anteriormente. Dado lo anterior, podemos establecer que la declaración se limita a aquellos instrumentos financieros mencionados, y además a cualquier activo en que pudieran materializarse las rentas generadas por estos instrumentos.

La ley excluye expresamente los títulos al portador; ya que además de tratarse de activos que según los estándares del GAFI  son riesgosos desde el punto de vista de los delitos de lavados de activos, la cesión de estos títulos al ser mediante la simple entrega, sin formalidades adicionales, dificulta enormemente la determinación del beneficiario de las acciones a una fecha determinada. Sin embargo, aquellos títulos que en su origen eran al portador, podrán ser sustituidos o cambiados por títulos nominativos con anterioridad a la fecha señalada anteriormente.

Finalmente, se excluye de la posibilidad de declarar bienes o rentas que se encuentren en países o jurisdicciones catalogadas como de alto riesgo o no cooperativas en materias de prevención y combate de lavado de activos y al financiamiento del terrorismo por el GAFI.


1 El FATF (“Financial Action Task Force”) o GAFI por su sigla en francés (“Groupe d´action financiere sur le blanchiment de capitaux”) es una institución intergubernamental creada para desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y que mediante sus “Recomendaciones” otorga pautas a las distintas normativas nacionales de los Estados. Chile ha adoptado sus directrices justamente para complementar la nueva normativa a la prevención de los delitos contra el blanqueo y lavado de activos.