Reporte Tributario Nº14 Abril 2011

En esta oportunidad, el presente reporte tributario pretende exponer un tema que cada día es más frecuente de observar, hoy es fácil encontrar menores de edad que se incorporan al mundo laboral ejerciendo algún tipo de actividad, profesión, industria, oficio o cualquier forma de empleo remunerado, tal es el caso de menores ejerciendo actividad de cantante con los consiguientes premios o remuneración asociada, menores incursionando en televisión como actores, e incluso, menores de edad que trabajan en grandes cadenas de supermercados como empaquetadores o acomodadores.

Desde un punto de vista legal, estos menores o adolescentes trabajadores se encontrarían ejerciendo derechos y obligaciones, por lo anterior, el presente reporte tributario busca asociar estos derechos y obligaciones desde una perspectiva tributaria.


Reporte Tributario preparado con la asistencia de:



Rodrigo Torres Neira
Abogado Colaborador
CET-UChile

Esta institución jurídica contenida en los artículos 243º al 273º del Título X del Libro Primero de nuestro Código Civil, la define como “El conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o a la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados”.

Patria Potestad, es el conjunto de derechos, deberes y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos y bienes que estos últimos pudieran tener (o cuando se requiere, a terceras personas) mientras estos son menores de edad o se encuentran incapacitados. Lo antes descrito se funda en lograr que alguien se haga responsable y pueda dar cumplimiento de aquellos deberes que tienen los padres respecto al sostenimiento y educación de sus hijos, como asimismo, responsabilidad sobre los derechos eventuales del hijo que está por nacer.

1.  A quien corresponde el ejercicio de la Patria Potestad

El artículo 244º del Código Civil, señala que “La Patria Potestad será ejercida por el padre o la madre o ambos en forma conjunta, según convengan en acuerdo suscrito por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, la cual se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento. A falta de acuerdo, al padre toca el ejercicio de la Patria Potestad”.

De la disposición legal citada, es válido para el lector concluir que la Patria Potestad puede ser ejercida tanto por el padre, madre, o ambos en forma conjunta. Ahora bien cabe reflexionar ¿Es posible tomar conocimiento de quien está ejerciendo la Patria Potestad? Para dilucidar la respuesta a tal pregunta, nuestro legislador nos ilustra con su respuesta de la siguiente manera.

a.- Dada la inexistencia de acuerdo entre los progenitores del menor para ejercer la Patria Potestad, se entiende por el sólo ministerio de la Ley ésta recae sobre el padre, lo anterior según el inciso 2º del artículo 244 Código Civil.

b.- Por acuerdo de los padres se conviene que la Patria Potestad la tenga el padre, la madre, o el padre y madre en forma conjunta, dicho acuerdo debe estar por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, acuerdo que se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento.

c.- Judicialmente el juez pude asignar o radicar por medio de una resolución judicial, el ejercicio de la Patria Potestad al padre o madre que carecía de este derecho, o radicarlo en uno sólo de los padres, si la Patria Potestad es ejercida en forma conjunta, deberá subinscribirse la sentencia judicial al margen de la inscripción de nacimiento del hijo, la cual deberá practicarse dentro de los treinta días siguiente a su otorgamiento, según señala en forma expresa el inciso 3º del artículo 244 Código Civil.

d.- Si los padres viven separados, la Patria Potestad será ejercida por aquel que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo. Por el solo ministerio de la Ley, corresponde a la madre el cuidado personal de los hijos y por ende posee la Patria Potestad. Esto, según el inciso 1º del artículo 225 y artículo 245, ambos del Código Civil.

De lo anterior, cabe cuestionarse cómo podrían terceros tomar conocimiento que los padres del menor se encuentran con separación de convivencia (de hecho) sí la ley no exige subinscripción que demuestre la ocurrencia de este acontecimiento; tal omisión o vacío  legal podría llevar al padre a verse obligado a cumplir exigencias de índole tributaria, aun cuando en la realidad éste no se encuentra al cuidado del menor, afectando su patrimonio personal al incorporar rentas del hijo en su declaración de impuesto global complementario. A lo anterior planteamos las siguientes interrogantes ¿Cómo demuestra el padre que no ejerce la patria potestad en el caso antes planteado? ¿Es posible demostrar los hechos negativos?

e.- Si por medio de una sentencia judicial con carácter de firme o ejecutoriada se determina la paternidad y maternidad contra la oposición del padre y de la madre, no corresponde a éstos ejercer la Patria Potestad, por lo que es fundamental nombrar al hijo un tutor o curador, para la protección de su persona y la de sus bienes según corresponda. Cabe hacer una mención, un tercero distinto a los padres nunca ejerce la Patria Potestad.

De lo precedentemente expuesto, se pude concluir, que si la intención es contratar a un menor o se le quiera demandar judicialmente, se debe tener certeza respecto de quien ejerce la Patria Potestad sobre los bienes del adolescente.

El peculio profesional o industrial corresponde a todos los bienes adquiridos por el púber en el ejercicio de todo empleo, profesión, industria u oficio, teniendo sobre los cuales la administración y goce, pudiendo hacerse dueño de los frutos que ellos produzcan, considerándose para todo los efecto legales como mayor de edad.

El menor adulto puede celebrar todo tipo de contratos, así como también puede ejecutar todo tipo de acto jurídico, el cual será radicado en su persona y patrimonio (peculio profesional o industrial).

Los efectos jurídicos que dichos actos traen consigo, a modo de ejemplo, efectos civiles, comerciales y/o tributarios entre otros, serán de responsabilidad de aquel que los genera.

La Patria Potestad posee los siguientes atributos a saber:

a) Derecho legal de goce
b) Administración de los bienes del hijo
c) Representación legal del menor

a) Derecho legal de goce. Consiste en la facultad que tiene el que ejerce la Patria Potestad para usar los bienes del hijo y percibir los frutos que dichos bienes generen, con cargo de conservar la forma y substancia, y de restituirlos si no son fungibles; o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si se tratase de bienes  de tipo fungibles.


El artículo 253 del Código Civil señala “El que ejerza el derecho legal de goce sobre los bienes del hijo tendrá su administración, y el que se encuentre privado de ésta quedará privado de aquél.

Por otra parte, la misma norma en comento señala en su artículo 43, “Son representantes legal de una persona el padre o madre, el adoptante y su tutor o curador”.

La Patria Potestad confiere el derecho legal de goce sobre todos los bienes del hijo, además,  tendrá también su administración, la que puede ser ejercida por el padre, madre o padre y madre en forma conjunta.

Los terceros pueden exigir – al que ejerce la Patria Potestad sobre los bienes del menor – el cumplimiento de las obligaciones civiles,  declaración y pago de los impuestos que corresponda y en general del cumplimiento de las normas tributarias. Las rentas que generen los bienes del hijo se consideran como rentas propias para el o los padres que ejercen este derecho.

Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico establece ciertas restricciones al ejercicio del derecho legal de goce a saber, restricciones que a continuación se señalan:

i) Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo empleo, oficio, profesión o industria (peculio profesional o industrial)

ii) Los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado, cuando el donante o testador ha estipulado que no tenga el goce o la administración quien ejerza la Patria Potestad; ha impuesto la condición de obtener la emancipación, o ha dispuesto expresamente que tenga el goce de estos bienes el hijo.

iii) Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad, indignidad o desheredamiento del padre o madre que tiene la Patria Potestad.

iv) El goce sobre las minas del hijo se limitará a la mitad de los productos y el padre que ejerza la Patria Potestad responderá al hijo de la otra mitad.

b) Administración de los bienes del hijo. Al respecto cabe distinguir:

i) Los bienes que forman parte del peculio profesional o industrial, que son administrados por el hijo.

ii) Los demás bienes. La regla es que su administración la tenga el padre o madre que tenga el derecho legal de goce. Si ninguno lo tiene, la administración corresponde a un curador.

c) Representación legal del hijo menor. Sabido es que el hijo menor es absolutamente incapaz de ejercer derechos y obligaciones cuando éste es impúber, lo que se traduce en que dicho menor sólo puede actuar a través de su representante legal; si es menor adulto es relativamente incapaz, es decir, puede actuar representado o autorizado por un representante. Nuestro Código Civil en su artículo 43 señala, “Son representante legal de una persona el padre o madre, el adoptante y su tutor o curador.

Toda persona domiciliada o residente en Chile que produzca rentas se encuentra sujeta a tributación, cuando corresponda, en nuestro país. Si la renta es generada por un menor o impúber sujeto a Patria Potestad, la obligación de declarar y pagar el impuesto le corresponde al titular de la Patria Potestad.

Por el contrario, si la renta es generada por un menor adulto, que la obtiene del ejercicio de una profesión o industria, la obligación de declarar y pagar el monto del tributo, es de su propio cargo, dado que para efectos legales se le considera como mayor de edad. Si la renta la genera un menor, pero sujeto a un curador o tutor, es este último quien deberá declarar y pagar  por cuenta del menor, es decir, actúa como su representante legal.


En materia de prueba, la jurisprudencia y doctrina ha uniformado criterio en cuanto a que incumbe probar las obligaciones, o su extinción al que alega aquéllas o está.