Reporte Tributario Nº4 Mayo 2010

Estimados lectores, esta cuarta edición del Reporte Tributario, Nº4 Mayo/2010, desea aportar al conocimiento de la consagración de los Derechos de los Contribuyentes, materia incorporada recientemente en nuestro Código Tributario. Bajo la máxima de que “Los derechos fundamentales garantizados por la Constitución deben reflejarse necesariamente en el campo tributario”, enunciándose explícitamente a través de una ley particular, como ocurre en muchos países europeos y americanos, se publica el pasado 19 de Febrero de 2010 la Ley 20.420, estableciéndose modificaciones al Código Tributario, D.L. 830, que en términos simples incorporan derechos enumerados en favor de los contribuyentes, lo que junto con generar certeza para quienes colaboran con las arcas fiscales, establece límites temporales en los procesos de revisión que desarrolla el ente fiscalizador.

Dentro de los principales derechos explicitados para los contribuyentes, se pueden destacar, el derecho a ser atendido cortésmente, el derecho a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones previstas en las leyes tributarias, el derecho a recibir información sobre todo acto de fiscalización, entre otros. La analizada modificación legal, representa un desafío no tan sólo en el acto de conocer la ley y su exigencia, sino más bien en el cambio de la cultura organizacional que se requiere.

El Centro de Estudios Tributarios (CET UChile),  continuará mensualmente desarrollando temas de estudio, para lo cual los invitamos a visitar www.cetuchile.cl, donde ya pueden encontrar publicaciones sobre diversos estudios tributarios, seminarios, apariciones en prensa de nuestros colaboradores e integrantes, análisis de jurisprudencia, historial de reportes tributarios, tesis para la obtención del grado de Magíster en Tributación de la Universidad de Chile, entre otras temáticas.


Saludos cordiales,

Profesor Javier Jaque López
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios
CET UChile

El día 30 de Abril del presente se publicó esta Ley que establece normas que incentivan la calidad de atención al contribuyente por parte del Servicio de Impuestos Internos, contemplándose el otorgamiento de un incentivo al organismo por cumplimento de metas por la calidad de atención, el que dependerá de un Indice de Satisfacción Neta de los contribuyentes. Estos,  mediante encuestas anuales, deberán calificar la calidad del servicio prestado por esta institución, considerando, entre otros factores, el respeto a los derechos establecidos por el artículo 8 bis.

Esta normativa está llamada a estimular la gestión funcionaria en torno al cumplimiento de las cargas que le impone el nuevo estatuto del contribuyente.

Además, la ley incluye importantes modificaciones de carácter tributario que es conveniente destacar:

La Dirección de Grandes Contribuyentes tendrá competencia sobre todo el territorio nacional y ejercerá jurisdicción sobre los contribuyentes calificados como “Grandes Contribuyentes” por Resolución del Director, cualquiera fuere su domicilio.

Se incorpora un nuevo artículo 4 bis al D.L. 830 de 1974, el que dispone que el Servicio de Impuestos Internos podrá relacionarse directamente con los contribuyentes y éstos con el Servicio, a través de medios electrónicos, entendiendo por tales aquéllos que tienen capacidades eléctricas, digitales, magnéticas, inalámbricas, ópticas, electromagnéticas u otras similares. Los trámites y actuaciones que se realicen a través de tales medios producirán los mismos efectos que los trámites y actuaciones efectuados en las oficinas del Servicio o en el domicilio del contribuyente.

El Director del SII será en lo futuro seleccionado, nombrado y remunerado conforme a las normas establecidas en el título VI de la ley N° 19.882, que Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos, sujetándose en todo a las reglas a que se refiere el precitado título.

Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquel en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes. Esta declaración agrega certeza a la manera de conteo de plazos frecuentemente debatida entre el Servicio y los contribuyentes.

Los plazos de días insertos en los procedimientos administrativos establecidos en el  Código Tributario serán de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábado, domingo y festivos.

Cuando el último día de un plazo de mes o de año sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Consagra un tratamiento igualitario en comparación a los que disponía anteriormente la legislación, que sólo concedía este beneficio a las actuaciones del Servicio.

Las presentaciones que deba hacer el contribuyente, que pendan de un plazo fatal, podrán ser entregadas hasta las 24 horas del último día del plazo respectivo en el domicilio de un funcionario habilitado especialmente al efecto. Para tales fines, los domicilios se encontrarán expuestos al público en un sitio destacado de cada oficina institucional.

Los contribuyentes que al efectuar su declaración incurrieren en errores que incidan en la cantidad de la suma a pagar, podrán efectuar una nueva declaración, antes que exista liquidación o giro del Servicio, corrigiendo las anomalías que presenta la declaración primitiva y pagando la diferencia resultante, aun cuando se encontraren vencidos los plazos legales, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y recargos que correspondan a las cantidades no ingresadas oportunamente y las sanciones previstas en los números 3 y 4 del artículo 97 de este Código.

Por último, se definió que la Ley N° 20.316, sobre el aumento del tope de 4,5% a 5% de la Renta Líquida Imponible como límite global absoluto establecido por el artículo 10 de la Ley N° 19.885, entrará en vigencia a contar del 1 de enero de 2010, rigiendo para las donaciones que se efectúen a partir del 1 de enero de 2009.

Esta ley también incorporó importantes modificaciones al artículo 59 del Código Tributario.

En especial fija un plazo de carácter fatal para el Servicio en el caso de que se inicie una fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que se solicitan al contribuyente, pues la autoridad tributaria dispondrá del plazo fatal de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición para, alternativamente, citar, liquidar o formular giros.

La certificación que da origen al cómputo se puede exigir al tenor de lo que el propio 8 bis dispone en sus numerales 5° y 8°, pero sólo cuando exista una entrega completa e íntegra de los documentos exigidos por el requerimiento o aquellos que sean suficientes y pertinentes para resolver el caso de que se trate.

Por razones de complejidad de la revisión y auditoría, se ha contemplado un plazo especial de doce para los siguientes casos:
1) Cuando se efectúe una fiscalización en materia de precios de transferencia.
2) Cuando se deba determinar la renta líquida imponible de contribuyentes con ventas o ingresos superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales ($184.000.000.- aprox.)
3) Cuando se revisen los efectos tributarios de procesos de reorganización empresarial.
4) Cuando se revise la contabilización de operaciones entre empresas relacionadas.
5) Fiscalización y resolución de las peticiones de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas.

No se aplicarán plazos máximos como los señalados en los casos en que se requiera información a alguna autoridad extranjera ni en aquéllos relacionados con un proceso de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161.

Conjuntamente con las situaciones ya descritas, esta Ley reconoció legalmente la validez de las notificaciones de las actuaciones del Servicio practicadas vía correo electrónico, elevándola al mismo nivel de aquellas consideradas en el artículo 11 del Código Tributario (personal, cédula, carta certificada).

Según esta norma, para que sea aplicable este medio de notificación, el contribuyente la deberá solicitar para sí en forma previa a su utilización. Si ese fuera el caso, la notificación se entiende verificada en la fecha del envío del correo electrónico, hecho que debe ser certificado por un ministro de fe (de acuerdo al mismo Código y a la Ley Orgánica del SII, los propios fiscalizadores actuantes tiene tal carácter). Este correo deberá contener la transcripción del acto notificado (cuerpo de la citación o liquidación, por ejemplo) con los datos necesarios para su acertada inteligencia, y remitida al correo electrónico que indique el contribuyente al efectuar la solicitud, la que deberá actualizarse en los plazos que fije la Dirección Nacional del Servicio.

De acuerdo al inciso 2° del nuevo artículo 8 bis, los reclamos en contra de actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los derechos del citado artículo serán conocidos por el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Párrafo 2º del Título III del Libro Tercero de este Código.

Este procedimiento, creado por la Ley 20.322 de 2009, que perfeccionó la justicia tributaria y aduanera, se aplica cuando un contribuyente considera vulnerados -por actos u omisiones del SII o Aduanas- alguno de los derechos constitucionales establecidos en los numerales 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. A partir del 19 de Febrero pasado, también pueden ser reclamados los actos u omisiones de la autoridad que atenten contra los derechos incorporados en el artículo 8 bis.

El procedimiento es el siguiente:




Se expresa, además, que para este procedimiento se aplicarán supletoriamente las reglas procesales del procedimiento general de reclamaciones del artículo 124 y siguientes del Código Tributario.

Esta instancia es incompatible con el recurso de protección, de forma que no pueden entablarse conjuntamente para resolver el mismo asunto

De acuerdo al artículo transitorio de la Ley N° 20.420, en aquellos lugares donde no estén instalados y en funcionamiento los tribunales tributarios y aduaneros, conocerá de estos reclamos el juez civil con competencia en el domicilio del contribuyente que reclama.

Por último, cabe señalar que esta instancia jurisdiccional es de última ratio; es decir, existen instancias administrativas y jerárquicas para dictar las providencias necesarias para restablecer al contribuyente en el ejercicio de sus derechos. Es así como se puede efectuar un control a nivel de jefatura de las posibles acciones u omisiones de un subordinado que infrinjan las disposiciones legales en comento, adoptándose por aquél las medidas conducentes a prevenir o reparar el daño al derecho que corresponda.