Reporte Tributario Nº20 Octubre 2011

El síndico es un órgano de la quiebra cuya función es representar los intereses generales de los acreedores en su conjunto y los derechos del fallido en los casos que sean de interés de la masa, es decir, mas que representar a la persona del fallido representa a la universalidad jurídica que constituye su patrimonio concursal, radicándose sus actuaciones en el referido patrimonio.

Según lo señalado por el artículo 27 del Libro IV del Código de Comercio, el síndico representa los derechos del fallido en los casos que sean de interés de la masa, no es mandatario del fallido, sino del patrimonio concursal, ejemplo de ello es que el fallido puede designar mandatarios judiciales que lo representarán en el juicio, los que velarán por el respeto a sus derechos.

Dicha administración comienza una vez notificado de su designación, sin perjuicio de la correspondiente aceptación del cargo por su parte, teniendo como primera obligación incautar la contabilidad, documentos y bienes del fallido, según lo dispuesto por los artículos 94 y siguientes del Libro IV del Código de Comercio y la Instrucción Nº5 de la Superintendencia de Quiebras, de 29 de Diciembre de 2009.

La representación de la que goza el síndico respecto del fallido no es una representación completa, puesto que aún cuando el deudor ha sido declarado en quiebra, ello no significa que el deudor no pueda administrar por si mismo los bienes que no forman parte de la declaratoria de quiebra o que se transforme en incapaz, sólo pierde la administración de aquellos bienes que se encuentran formado parte del patrimonio concursable, los cuales se encuentran administrados por el síndico.

El Código Tributario en concordancia con lo antes mencionado, señala en su artículo 8 Nº 6, que para los fines de este Código y demás leyes tributarias, salvo que de sus textos se desprenda un significado diverso, se entenderá “Por “representante”, los guardadores, mandatarios, administradores, interventores, síndicos y cualquiera persona natural o jurídica que obre por cuenta o beneficio de otra persona natural o jurídica”.

El propio Servicio de Impuestos Internos con motivo de la dictación de la Circular 55, del 27 de Abril de 1977, reconociendo esta representación, señaló que “durante la administración de bienes, la Sindicatura de Quiebras tiene la plena representación del fallido y, por consiguiente, los actos ejecutados por ella durante dicho ejercicio se entienden realizados por él (contribuyente)”

En merito de lo expuesto anteriormente le corresponderá al síndico comparecer ante el Servicio o ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros cuando existan reclamaciones pendientes ante dichos órganos, puesto que según lo dispone el inciso 3º del artículo 64 del Libro IV del Código de Comercio, le queda expresamente prohibido al fallido comparecer en ningún tipo de juicios en calidad de demandante ni de demandado, siempre que aquellos digan relación con los bienes de la masa. Por lo tanto, sólo podría comparecer personalmente sin necesidad de ser representado por el síndico, por ejemplo, cuando interponga algún reclamo por haberse infringido algunos de los derechos contemplados en el artículo 8 bis del Código Tributario, en aquellos casos que el ejercicio de dicho reclamo no diga relación con los bienes que se encuentran en quiebra.

La Circular Nº 54, del 20 de Septiembre de 2002, que imparte instrucciones sobre comparecencia de los contribuyentes ante el Servicio de Impuestos Internos, establece que en términos generales los contribuyentes pueden actuar ante el Servicio de dos maneras, personalmente o representado por un tercero.
La comparecencia personal en términos generales es facultativa para los contribuyentes, pudiendo estos designar un mandatario que los represente, sin perjuicio de la existencia de actuaciones que atendida su naturaleza requieren exclusivamente la presencia personal del contribuyente (artículo 34 y 60 inciso 8 del Código Tributario).

La referida Circular aún cuando reconoce que cualquier contribuyente puede comparecer personalmente ante el SII, también reconoce que determinadas personas sólo pueden comparecer a través de un representante legal, entre ellas el fallido, cuyo representante expresa la Circular 54 de 2002, es el síndico de quiebras, esto en cuanto el fallido se encuentra imposibilitado de ejercer sus derechos en lo que dice relación con su patrimonio concursal.

Debemos señalar que aún cuando la referida Circular sólo señala el caso de la persona física, esta excepción también es aplicable a las personas jurídicas que se encuentran declaradas en quiebra, en cuyo caso su representante legal también es el síndico.

La Circular 54 de 2002, no hace más que reconocer lo dispuesto en el artículo 27 del Libro IV del Código de Comercio, en el sentido que el síndico representa los derechos del fallido, en cuanto puedan interesar a la masa, y lo dispuesto en el artículo 8 Nº 6 del Código Tributario.

Así el síndico podrá actuar ante el Servicio en todas las actuaciones administrativas, sin limitación alguna, salvo aquellas en que se requiera la comparecencia personal del fallido, también tendrá poder suficiente para comparecer en juicio en representación del éste, en todos los tramites e incidentes, hasta la dictación de la sentencia definitiva, es decir, el síndico podrá comparecer ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros en representación de aquella persona declarada en quiebra. Debe tenerse claro que siendo el síndico el representante del fallido, es a este a quien debe notificarse cualquier actuación por parte del Servicio.

Sin embargo, esta representación ante las autoridades administrativas y judiciales por parte del síndico sólo se justifican en la medida que se refiera a los derechos del fallido y el patrimonio de la masa.

Esta representación legal trae importantes consecuencias para el síndico quien deberá cumplir con obligaciones que son propias del contribuyente declarado en quiebra, más aún si se decide la continuidad del giro, puesto que el incumplimiento de dichas obligaciones pueden acarrear importantes sanciones tanto pecuniarias como corporales para el síndico.

Las empresas por lo general nacen con la necesidad de lograr una mayor obtención de recursos para ser destinados a cumplir con el objeto social para el cual fueron creadas, para ello, deberán solicitar a los distintos agentes económicos el financiamiento necesario,  el cual por lo general es otorgado a través del endeudamiento o crédito.

Sin embargo, muchas veces las empresas que nacen a la vida no son lo suficientemente exitosas o solventes como para poder hacer frente a los diversos compromisos adquiridos, ya sean de producción o crediticios, lo que trae como consecuencia que algunos patrimonios se encuentren mermados por su incumplimiento, se entorpezca la libre circulación de los bienes tanto propios como ajenos, e incluso se recurra por parte de éstas a medios fraudulentos a fin de salvar su situación de insolvencia, repercutiendo en el patrimonio de las demás personas vinculadas con ella.

No pudiendo hacer frente al cumplimiento oportuno de sus obligaciones, se produce un estado de insolvencia para dichas empresas, insolvencia que se genera o debe generarse de la insuficiencia, deterioro o impotencia de generar recursos por parte de dicha compañía, no bastando con la sola imposibilidad transitoria de generar recursos. Dicha insolvencia afecta patrimonios sanos los cuales se ven perjudicados, por las malas decisiones tomadas por un tercero con el cual han mantenido relaciones comerciales.

A fin de evitar que la situación de insolvencia se prolongue y afecte de manera permanente a patrimonios sanos, es que el sistema jurídico ha creado un serie de instituciones y normativas destinadas a salvar o terminar con el estado de insolvencia por la cual atraviesa el deudor, la doctrina a denominado a este conjunto de instituciones como Derecho Concursal, el cual se encuentra inspirado en el principio romano de la “Par condictio creditorum”, es decir, pagar a los acreedores sus acreencias de manera proporcional e igualitaria en la medida que el patrimonio del deudor así lo permita, sin perjuicio de las excepciones legales o convencionales establecidas en la ley.

Dentro de estas instituciones de derecho concursal podemos mencionar los convenios; la cesión de bienes; la liquidación forzosa y la quiebra, y es respecto a esta última a la cual nos referiremos en el presente reporte tributario, atendida su importancia y los diversos efectos que produce en materia tributaria.

La primera normativa en el derecho chileno referentes a la quiebra la encontramos en el Código de Comercio de 1865, en su Libro IV dedicado a tratar “De las quiebras”, libro que fue derogado por la Ley Nº 4558,  promulgada el 29 de enero de 1929, trasformándose en la ley de quiebras vigente en dicha época, sin embargo mediante Ley Nº 4.949, el parlamento delegó facultades en el ejecutivo, a fin de que éste modificase la referida ley de quiebras, así se procedió a dictar el DFL Nº 248.

La propia Ley Nº 4.949, también facultó al Presidente de la República para refundir el texto de la ley de quiebras contenida en la ley 4.558 y en el DFL Nº 248, por lo que en virtud de dicha delegación procedió a dictar con fecha 23 de junio de 1931, el Decreto Supremo Nº 1.297, que contenía el texto definitivo de la Ley de Quiebras, texto que se mantuvo vigente hasta el año 1982, siendo derogado por la Ley Nº 18.175.

Finalmente, el inciso segundo del artículo único de la Ley Nº 20.080, publicada el 24 de noviembre de 2005, incorporó las disposiciones de la Ley de Quiebras nuevamente al Código de Comercio en su Libro IV, dejando sólo en la Ley Nº 18.175 las disposiciones referentes a la Superintendencia de Quiebras contenidas en el titulo II, que se mantiene como la Ley Orgánica de la Superintendencia de Quiebras.

En el presente reporte tributario nos referiremos a los efectos tributarios que genera la declaratoria de quiebra tanto para el fallido (contribuyente) como para los terceros que han contratado con el fallido o han mantenido relaciones comerciales con éste, así, nos referiremos a los alcances de la representación del síndico respecto del contribuyente, a la recuperación del crédito IVA por parte de terceros, a la facultad de giro inmediato de impuestos que ostenta el Servicio de Impuestos Internos al momento de declararse la quiebra, etc.

Reporte Tributario preparado por
Centro de Estudios Tributarios
de la Universidad de Chile

CET UChile

Artículo preparado con la asistencia de:

Katia V. Villalobos Valenzuela
Contador Auditor.
Magíster en Planificación y Gestión Tributaria
Colaboradora CET UChile
José Sepúlveda Alvarado
Abogado.
Magíster en Tributación (c),
Colaborador CET UChile

El síndico tiene como primera obligación al momento de ser notificado de su designación, el incautar los bienes y documentos contables del fallido, según lo dispuesto el artículo 94 del Libro IV del Código de Comercio y regulado por el Instructivo Nº 5 de la Superintendencia de Quiebra, de 29 de Diciembre de 2009.

Al momento de la incautación de los libros y documentos del fallido, el síndico deberá en primera instancia levantar un acta en la cual deberá dar cuenta de la referida diligencia. Una vez incautados los libros contables del contribuyente se procederá a cerrarlos de manera que se asegure que no se realizarán anotaciones posteriores al cierre y aquellos casos en que el contribuyente llevase contabilidad computacional el síndico deberá dejar constancia de folios utilizados y de aquellos sin utilizar de los formularios continuos, boletas, facturas, guías de despacho, notas de crédito, etc., indicando los periodos que comprenden.

El instructivo Nº 5 de la Superintendencia de Quiebras señala expresamente que el síndico es exclusivamente el responsable por el extravío de los libros y documentos bajo su custodia, debiendo conservar por regla general toda la documentación del fallido por el plazo de un año desde que la sentencia que declare el sobreseimiento definitivo de la quiebra. Sin embargo, no podrá destruir en caso alguno la documentación de naturaleza tributaria, la que se deberá conservar al menos por los plazos señalados en el artículo 200 del Código Tributario.

Esta obligación de incautación por parte del síndico debemos relacionarla con lo contemplado en el artículo 97 Nº 16 del Código Tributario, referente a la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o documentos del fallido, infracción que puede ser sancionada tanto con multa como con una pena privativa de libertad contemplada en el inciso 1º del Nº 4 del artículo 97 del referido cuerpo legal.

El mencionado artículo 97 Nº 16 sanciona la pérdida no fortuita de los libros contables o documentos que sirva para acreditar las anotaciones contables o que estén relacionadas con las actividades afectas al impuesto, presumiendo no fortuita la pérdida, salvo prueba en contrario, con penas de carácter pecuniarias y con una pena privativa de libertad consistente en presidio menor en sus grados medio a máximo.

Además esta pérdida o inutilización de los libros de contabilidad suspenderá los plazos de prescripción establecida en los incisos 1º y 2º del artículo 200 del Código Tributario.

Las sanciones pecuniarias pueden ser aplicadas a la persona del contribuyente representado por el síndico, ya sea que la pérdida hubiese ocurrido antes o con posterioridad a la declaratoria de quiebra. Creemos que aún cuando el extravío de los libros y documentos del fallido se produjese una vez declarada la quiebra, de igual manera la multa deberá imponerse al contribuyente representado por el síndico, aún cuando la Superintendencia de Quiebras haya establecido que el síndico luego de la incautación es el responsable exclusivo de los documentos, atendido que el síndico actúa en representación del fallido.

Lo anterior se explica puesto que es el contribuyente el cual se encuentra obligado a llevar los libros contabilidad debiendo ser conservados por éste, junto a la correspondiente documentación según lo establece el artículo 17 del Código Tributario. Sin embargo, y aún cuando el síndico sólo ostenta la representación del fallido una vez declarada la quiebra, esto no obsta a que pueda ser perseguida su responsabilidad y sancionado por su negligencia en caso de extravío de los referidos libros y documentos, ya sea por parte de los acreedores, por el propio fallido o por la Superintendencia de Quiebras.

En lo que dice relación a la posible pena privativa de libertad que conlleva la pérdida de los libros y documentos contables a través de un procedimiento doloso encaminado a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, deberá asumir dicha sanción según ya lo hemos explicado quién haya cometido el ilícito tributario, debiendo ser el contribuyente personalmente o el síndico según sea el sancionado por la referida conducta dolosa.

No sólo la Ley de Quiebras establece obligaciones para el síndico, sino que también existen diversas disposiciones tributarias que lo obligan a cumplir con todas las obligaciones tributarias de responsabilidad del fallido, que atendido su estado de quiebra y la representación que ostenta el síndico se ve obligado a cumplir por aquél, siendo alguna de ellas las siguientes:

a.  En primer término el Código Tributario en su artículo 91 le impone al síndico la obligación de comunicar dentro de los 5 días siguientes al de la aceptación del cargo por su parte, al Director Regional correspondiente al domicilio del fallido, la declaratoria de quiebra de éste. Obligación que trataremos en profundidad más adelante.

b.  La ley de Impuesto a la Renta señala en su artículo 66, Párrafo 1º del Titulo V, referido a la declaración y pago anual del impuesto, que será el síndico el encargado de presentar la declaración de renta a la que se hace referencia, en la misma forma que debiera hacerlo la persona del fallido, así el impuesto adeudado calculado sobre la base de la referida declaración será recaudado en la misma forma que si fuera cobrado a la persona de cuyos bienes éste tenga la custodia, por lo que será el síndico en razón de la representación que ostenta del fallido el que deberá cumplir con la obligación de declaración y pago del impuesto, y será él el único responsable de ello, debiendo proceder a realizar la declaración y pago del impuesto a través del formulario 22, el que deberá ser llenado y presentado en representación del fallido, en la época que corresponda.

A este respecto debe tenerse presente lo establecido en los artículos 98 y 99 del Código Tributario, en el primero de ellos se establece que de las sanciones pecuniarias responde el contribuyente y las demás personas legalmente obligadas y el artículo 99 establece que las sanciones corporales y los apremios, se aplicarán a quién debió cumplir con la obligación y en caso de personas jurídicas a los gerentes y administradores o a quienes hagan las veces de éstos, por lo que si el síndico en merito de la representación que ostenta, no cumple con las obligaciones del fallido, se puede ver expuesto tanto a sanciones de carácter pecuniario como a sanciones de tipo corporal, estas últimas en la medida que haya tenido participación dolosa en la comisión del delito, esto ha sido reconocido por el Servicio de Impuestos Internos en su Circular 55, de 27 de Abril de 1977. 

c.  También el síndico tiene la obligación de emitir las notas de debito a los acreedores que hubieren verificado en forma oportuna sus créditos y que fueren contribuyentes del IVA, a fin de que los referidos acreedores puedan recuperar y utilizar como crédito fiscal el impuesto ya pagado y enterado en arcas fiscales, según lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 18.591, lo que será explicado en extenso en otro acápite de este reporte.

d.  Corresponderá al síndico la emisión de las respectivas facturas por las ventas que realice de los bienes que componen la masa o las que se produzca como consecuencia de la continuidad de giro, las que emitirá bajo el Rut del fallido, con la documentación que se encuentre en su poder o debiendo timbrar nuevos documentos si es necesario.

e.  Asimismo corresponderá al síndico asumir la representación del fallido en todos los juicios seguidos por éste, atendido que la ley de quiebra prohíbe al deudor comparecer como demandado o demandante ante cualquier tribunal siempre que diga relación con los bienes comprendidos en la masa.

f.  El síndico se  encuentra obligado a incautar los libros y documentos contables, así como también los bienes del fallido, este tema será tratado en otro apartado del presente reporte.

g.  Queda obligado el síndico ha emitir las respectivas declaraciones juradas y certificados que establece el artículo 101 de la Ley de Impuesto a la Renta en representación del fallido, aún en aquellos casos en que los hechos sean anteriores a la declaratoria de quiebra. Como consecuencia de ello deberá presentar en representación del fallido cuando así proceda la declaración jurada Nº 1886 referente a la situación tributaria de los retiros, incremento del impuesto de Primera Categoría y créditos a que dan derecho como asimismo la Declaración Jurada 1887 referente al monto de las rentas pagadas y otros conceptos o componentes de las remuneraciones e impuesto Único de Segunda Categoría retenido, entre otras declaraciones juradas.

Asimismo deberá emitir los certificados correspondientes a las remuneraciones de los trabajadores aún cuando estas se hayan pagado antes de la declaratoria de quiebra, en razón de la representación que ostenta, en este sentido también se ha pronunciado el Servicio en su Oficio Nº 6665 de 2003.

Finalmente, debe tenerse presente que el síndico responde de la culpa más grave por el incumplimiento de sus obligaciones, es decir, responde de culpa levísima, con su propio peculio o patrimonio.

En la mayoría de los casos, el deudor a fin de poder mantener su empresa en funcionamiento pide a sus proveedores prorrogas para poder cumplir con el pago de materias adquiridas, sin embargo, el acreedor deberá, aún cuando haya otorgado dichas esperas al deudor, cumplir con declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado que haya debido recargar en las respectivas facturas emitidas, aún cuando estás se encuentren impagas por parte del fallido, producto de la prorroga concedida.

Como ya hemos señalado, una vez declarada la quiebra el fallido queda inhabilitado de poder administrar sus bienes, recayendo dicha facultad en la persona del síndico. No pudiendo el deudor hacer pago alguno a los acreedores, quedando éstos impagos en sus mercaderías y ya habiendo enterado en arcas fiscales el impuesto con recursos propios.

A fin de evitar dicha circunstancia se publicó con fecha 3 de enero de 1987 la Ley 18.591, que en su artículo 29 permite al acreedor que ha pagado el impuesto, encontrándose impaga la facturas por parte del fallido, recuperar la cantidad pagada por impuesto solicitándole al síndico de la quiebra  le emita una nota de débito en representación del fallido, a fin de poder recuperar e imputar como IVA crédito fiscal el impuesto originalmente retenido y declarado como IVA débito fiscal.

A continuación nos referiremos al método establecido por dicha disposición para poder recuperar el IVA pagado por parte del acreedor de una deudor declarado en quiebra. Dicha recuperación el Servicio la ha regulado en la Circular 12 de 1987.

La recuperación del impuesto procede según lo dispone el artículo 29 de la Ley 18.591, respecto de los impuestos establecidos en el Título II (IVA) y en los artículos 40 (contemplaba el impuesto adicional que grava la venta de televisores con recepción a color, hoy por cierto se encuentra derogado) y 42 (impuesto adicional a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares), pudiendo recuperarse sólo el impuesto que haya sido recargado.
Para que el acreedor pueda recuperar el impuesto recargado en la factura este debe cumplir con los siguientes requisitos:

1.  Debe haber verificado dentro del plazo establecido en el artículo 131 del Libro IV del Código de Comercio, esto es, dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia de quiebra en el Diario Oficial, en lo que se denomina periodo ordinario de verificación. El aprovechamiento de este beneficio sólo procede encontrándose el deudor en estado de quiebra, así si esta cesa por aprobación de algún convenio, el síndico no podrá emitir la correspondiente nota de débito, con posterioridad a la aprobación del referido convenio. (Oficio Nº3295 de 1987).

2.  Que los impuestos respecto de los cuales se pide la devolución hayan sido declarados y pagados oportunamente, es decir, deben haberse pagado dentro de plazo legal, por lo que no procede este beneficio si se ha sólo declarado el impuesto y no pagado, o si se ha enterado en forma tardía en arcas fiscales.

3.  Que el acreedor que invoca el beneficio se encuentre al día en el pago del impuesto, situación que se acreditará al síndico con los tres últimos recibos de pago del impuesto, además deberá exhibir los recibos de pagos de los impuestos devengados en los meses a los que correspondan las facturas que presente para obtener el beneficio.

4.  Que el impuesto haya sido recargado en forma separada en la respectiva factura que se debió emitir por las ventas o prestaciones de servicios.

5.  Que el fallido también sea contribuyente de los mismos impuestos que se desean recuperar.

Hay que tener en cuenta que si el deudor encontrándose pendiente el pago de la factura realiza algún abono al acreedor, por expresa disposición del inciso 2º del artículo 29, deberá ser imputado primero a los impuestos recargados en ella, pudiéndose recuperar mediante esta modalidad sólo la diferencia no cubierta con el abono.  Es importante está disposición puesto que no existiendo norma legal que así lo señalaré, el acreedor podría haber imputado dicho abono a la deuda que el fallido mantenía con él y no a los impuestos recargados en la correspondiente factura.

Una vez notificada la sentencia de quiebra en el Diario Oficial, al acreedor que desea aprovechar el beneficio tendrá 30 días hábiles para verificar su crédito, en su escrito de verificación deberá individualizar por número y fecha de emisión las facturas según la siguiente información: aquellas facturas a las cuales se les recargaron los impuestos, se deberá en forma separada, indicar el monto total de la operación, tributos recargados y abonos según el inciso 2º del artículo 29 que corresponda imputar para descontar de dichos tributos. Una vez reconocida la deuda, ya sea, por que no se ha impugnado el crédito o por existir sentencia ejecutoriada que haya rechazado la impugnación del crédito, el síndico en representación del fallido, emitirá una nota de débito por el monto correspondiente solamente a los impuestos recargados, contabilizando el referido impuesto como un débito fiscal en los libros del fallido.

En contra de la partida emitida, la correspondiente nota de débito, el acreedor deberá contabilizar dicha nota en el libro de compras y ventas, a continuación de la anotaciones del periodo indicándose el número y fecha de la nota, individualización del deudor, número de Rut del mismo y crédito fiscal, señalando que corresponde a la aplicación del artículo 29 de la Ley 18.591.

Emitida la nota de débito, el Fisco, por el sólo ministerio de la ley, se subroga en los derechos del acreedor para recuperar del deudor el importe del impuesto respectivo con la preferencia establecida en el Nº 9 del artículo 2474 del Código Civil.

Cabe agregar que la recuperación del crédito fiscal establecido en el artículo 29 de la Ley N° 18591, por facturas impagas por contribuyentes declarados en quiebra se extiende al anticipo del IVA retenido en un 12% para el caso de la harina y en un 5% con respecto a la carne, en este sentido se ha pronunciado el Servicio de Impuestos Internos en su Oficios Nº 5193 de 2003 y Nº 5009 de 2005.

Finalmente, el Servicio en su Oficio Nº 667 de 2007, ha señalado que los contribuyentes pueden acogerse a este beneficio cuando el fallido realice una actividad gravada con IVA, aún cuando dicha actividad se encuentre exenta del referido impuesto por expresa disposición de la ley, puesto que según expone: “como puede apreciarse de las normas legales y de las instrucciones impartidas por el Servicio de Impuestos Internos, para que opere el beneficio del artículo 29° de la Ley 18.591, de 1987, entre otros, es requisito que el deudor fallido posea la calidad de “contribuyente” del Impuesto al Valor Agregado o de los Impuestos Adicionales establecidos en los artículos 40 y 42 del D.L. 825, condición que se cumple, de acuerdo al artículo 3° de dicho cuerpo legal, cuando se efectúa cualquier clase de operaciones gravadas con dichos tributos.

Ahora bien, de acuerdo con el criterio sostenido en diversos pronunciamientos, el término “gravar” supone la imposición de una carga u obligación, en este caso de un tributo, en otras palabras, importa la realización de una operación que califica como hecho gravado con el respectivo impuesto. De este modo, una operación se encontrará “gravada” con un determinado impuesto en la medida que dé cumplimiento con los requisitos que taxativamente establece la respectiva norma legal impositiva, sin importar si el impuesto es efectivamente pagado o no por gozar de una exención.

En consecuencia, para estos efectos, debe considerarse como “contribuyente” a toda persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que realice operaciones que califican como hecho gravado con el Impuesto al Valor Agregado o con los Impuestos Adicionales establecidos en los artículos 40 y 42 del D.L. 825, siendo indiferente si éstos en definitiva son o no recargados en las respectivas boletas o facturas o enterados en arcas fiscales, por encontrarse exentos en virtud de alguna disposición legal expresa”.