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Gonzalo Polanco, Director  Centro de Estudios Tributarios, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile,La tercera

El Ministerio Público pidió prisión preventiva para Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Para los ex gerentes del grupo, Hugo Bravo y Marcos Castro, sólo se solicitó el arresto domiciliario.

“Acá hay un peligro para la seguridad de la sociedad con la libertad de estos sujetos”. Las palabras corresponden al fiscal Carlos Gajardo cuando terminaba de argumentar la solicitud de medidas cautelares contra Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, los controladores del grupo Penta. El persecutor pidió la prisión preventiva para ambos.

La solicitud de la fiscalía fue analizada por diferentes expertos en derecho penal y tributario. Algunos se mostraron en favor de la decisión de la fiscalía, y otros en contra, argumentado la poca pena que arriesgan los imputados por los ilícitos tributarios. De ser condenados arriesgan una pena de presidio menor en sus grado medio a máximo (541 días a cinco años).

“Creo que es muy poco probable que exista una prisión efectiva en este tipo de casos, y considerando que acá no hay un adelantamiento de condena, y que existen otros métodos que otorga la seguridad del Ministerio Público para asegurar la presencia de los formalizados”, sostuvo Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. El docente agregó que cree que el juez de garantía no debiera acceder a la prisión preventiva. “No creo que sea razonable que el juez de garantía otorgue ese tipo de solicitud”, dijo.

Diferente fue la opinión del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas, quien advirtió que la fiscalía no sólo consideró factores propiamente penales -como la reiteración del delito-, sino que también factores externos para dar una señal a la opinión pública. “Sin duda no es un caso típico. Acá hay una serie de consideraciones que tomar en cuenta y estimo que la fiscalía tiene que hacerse parte de ella. Esto tiene un impacto social muy alto, la opinión pública está viendo esto, donde la idea es ver si a la cárcel van solamente los que piratean discos o también a las personas que cometen delitos de cuello y corbata. Creo que eso está en juego y el Ministerio Público está considerando esos factores”, señaló Vargas.

Una lectura similar hizo el ex director  del Instituto Chileno de Derecho Tributario, Jaime García: “Estimo que  ellos (los fiscales) como representantes del Ministerio Público, necesariamente tenían que pedir la prisión preventiva. Hubiese sido impresentable no hacerlo, de acuerdo a todo lo que ha salido en el caso, pero otra cosa es que el tribunal se las otorgue”.

En cuanto a la petición de la fiscalía de arresto domiciliario para Hugo Bravo, y  Marcos Castro, tanto Benítez como Vargas coinciden en que su colaboración en la investigación fue fundamental para no arriesgar ir a prisión preventiva.

“Lo que puede parecer más extraño es que a Bravo no se le haya solicitado (la prisión preventiva), pero la explicación, más allá de los delitos involucrados, es que colaboró en la investigación, y  de la  forma que lo hizo,  puesto que mal que mal él fue quien destapó esta investigación”, dijo Juan Enrique Vargas.

Polanco, en tanto, señaló que “estamos en una etapa bastante preliminar para considerar atenuantes o agravantes, eso lo debe considerar el tribunal en la sentencia”.


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