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Gonzalo Polanco, Director  Centro de Estudios Tributarios, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile,Estrategia

Un amplio debate se está generando sobre si la institucionalidad chilena tiene "ventanas" o "goteras" que posibiliten que sucedan este tipo de hechos.

Un profundo impacto ha causado en la sociedad chilena el Caso Penta-SQM, pues en sus aristas compromete a empresas, políticos y funcionarios públicos. Además, a esta causa se suma a una serie de escándalos que han conmovido a la opinión pública, tales como colusión de las farmacias y navieras, La Polar, Cascadas, Caso Pollos y Caval. En este escenario, está surgiendo la pregunta de si la institucionalidad chilena tiene "ventanas" o "goteras" que permiten que sucedan este tipo de hechos y, específicamente, en el caso de la emisión de boletas ideológicamente falsas, también se plantea la duda cómo es posible de que el SII no haya podido detectarlas sino sólo a través de la confesión del ex gerente de Penta. Hugo Bravo.

El director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, defiende la probidad de la institución. "Nosotros hace tiempo estamos realizando dos sumarios en relación a esta materia. Ahora efectivamente, hay dos funcionarios, uno despedido y el otro suspendido, y eso es lo que hay hasta ahora. Quiero destacar que el Servicio se ha preocupado bastante del terna de la probidad, por tanto en ningún caso hay sospecha de que exista una red de corrupción dentro de la institución, y de hecho los indicadores que existen sobre corrupción siempre han mostrado que el servicio es una de las instituciones con mejor evaluación en términos de la probidad". En lo que sí existe coincidencia es que uno de los puntos débiles del Servicio de Impuestos internos (SII) es que para realizar su trabajo de fiscalización le falta personal, puesto que el número de fiscalizadores por contribuye en Chile es de uno por 4.200 contribuyentes, mientras que en los países de la OCDE es uno por cada 1.600 contribuyentes.

IDONEIDAD FUNCIONARIA

Sin embargo, el abogado Mauricio Daza —miembro de la Fundación Ciudadano Inteligente, querellante en el Caso Penta-SQM- va allá al apuntar sobre la indoneidad de las personas y de los organismos fiscalizadores para llevar adelante sus tareas. "Se debe prestar especial atención en la competencia de quienes tienen a su cargo resguardar el cumplimento de la normas, en un contexto donde la diferencia práctica fundamental en los resultados de una investigación relativa a infracciones legales de cualquier naturaleza depende del compromiso, conocimiento y habilidades del funcionario público concreto que se encuentra a cargo de fiscalizar, además de los recursos materiales que se pongan a su disposición para tal efecto".

Y en este punto, el jurista destaca que los problemas no sólo tienen que ver con el ámbito legislativo. "Se podrán hacer las mejores leyes y establecer las sanciones más adecuadas, pero de nada servirá si es que no se avanza en construir un marco institucional que garantice que la asignación de cargos y funciones al interior de nuestras superintendencias y órganos de control se hagan sobre la base de los méritos y calificaciones personales de cada funcionario y no, como ocurre en muchos casos, a partir de las afinidades políticas o personales con las autoridades del gobierno de turno. Además, se deben poner a disposición de los fiscalizadores recursos técnicos y materiales que sean suficientes para enfrentar procesos de fiscalización que en muchas ocasiones requieren procesar un alto volumen de información, muchas veces compleja".

Pero para Gonzalo Polanco, director Ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile también cree que el SII debe realizar "una fiscalización más enfocada a mercados y operaciones que presentan una gran complejidad. No obstante, para que ello ocurra el Servicio debe capacitar a su personal. Por ejemplo, los contratos forward son instrumentos más sofisticados, y en el SII existe poca experiencia respecto de ellos. Sin embargo, la capacitación no dará frutos de la noche a la mañana. Además, hay que considerar que de acuerdo al Artículo 59 del Código Tributario en general las fiscalizaciones del SII duran nueve meses y hasta doce meses en casos más complejos".

Otro aspecto que en el mercado es visto como una debilidad del sistema de fiscalización es que, por ejemplo, diversos contratos forward se Izan materializado triangulando con paraísos fiscales y ahí el SII no tiene capacidad para fiscalizar. En ese aspecto, Polanco recuerda que "Chile celebró diversos convenios para evitar la doble tributación, faltando sólo suscribir acuerdos -dentro las potencias económicas- con Alemania e Italia. Sin embargo, lo que falta ahora es firmar convenios de intercambio de información, y en ese aspecto todavía falta mucho por avanzar. En todo caso, la Reforma Tributaria establece mecanismos más estrictos de fiscalización, especialmente cuando se tienen inversiones en los llamados paraísos tributarios".

GOTERAS

En relación a las "goteras" que tiene el sistema de fiscalización tributaria, Rodrigo Benítez, socio Tax & Legal de BDO, está de acuerdo con Polanco en relación a que no existe una forma de evitar todos los posibles delitos que se cometan. "Hecha la norma hecha la trampa, pues siempre quedan vacíos y una posibilidad de evitar los impuestos. Por eso en la Reforma Tributaria se creó una norma anti abusiva general, en la cual si yo abuso del sistema para generar ventajas de ahorro o postergación de impuestos, eso constituye una infracción. Con la nueva legislación se tiene que hacer un análisis de razonabilidad, de manera que las operaciones tengan sustancia, que el _ objetivo sea una reorganización y no una mera enajenación de un activo. Es decir que las operaciones tengan un propósito económico y, por lo tanto, a partir de septiembre —que entran en vigencia las normas anti abusos- los vacíos serán sujetos de un análisis de fondo".

El profesor Polanco también sostiene que son muy difíciles de detectar los -fraudes pequeños", pero que sumados constituyen uno de gran magnitud. "Hay que considerar que el SII realiza auditorias, las cuales son selectivas, es decir no se revisan todas las operaciones, y se rigen por el principio de la materialidad. Ello implica, en la práctica, que se analizan las transacciones más importantes. De esta forma, cuando hay varias operaciones pequeñas, probablemente la auditoria del SII no las va a considerar. Además, las fiscalizaciones del Servicio muchas veces se hacen a través de programas que carecen de suficiente información, y por ello se puede constatar que varios de los grandes fraudes que ha descubierto Impuestos Internos fue por el olfato de algún funcionario. Por eso la Reforma Tributaria establece mecanismos más inteligentes de fiscalización, tales como la entrega de información electrónica, lo que permite revisiones más masivas".

En todo caso, Benítez sostiene que hasta hace un tiempo tradicionalmente el ahorro de impuestos era aceptado por la manera en que se hacían los negocios. "El grave problema que se produjo ahora es que una situación que era validada y de común ocurrencia, como era compartir mis ingresos con la familia o formas de pagos distintas a las contempladas en la ley, ahora no lo es. Ahora hay que ver qué se hace, hay que determinar una verdadera política tributaria. ¿Hacemos un sistema ejemplarizador en que se van a la cárcel un grupo al cual se le detectan las facturas? o ¿de aquí en adelante vamos a cambiar el sistema de fiscalización?. El problema es que la decisión que se tomó fue ir de aquí para atrás. Hubiera bastado con hacer una normativa que estableciera que de ahora en adelante iba a haber una fiscalización más rigurosa en relación a este tipo de gastos, en lugar de que paguen justos por pecadores. Es decir, antes debió haber habido un cambio de criterio, y decir que a partir de ahora no se aceptan boletas de las señoras de los empresarios".

¿PENAS JUSTAS?

Respecto a las penas que existen para los delitos tributarios, en general, existe coincidencia de que son adecuadas, aunque también se afirma que hay que hacer una revisión integral en esta materia. No obstante dicha visión, Daza -que también es querellante en el Caso Cascadas- afirma categóricamente que existen varios cambios que se deben efectuar con la finalidad de que las reglas vigentes a las cuales someten los distintos agentes del me, cado, se respeten de manera efectiva. "De esta forma corresponde, por ejemplo, que se aumenten las sanciones que puede aplicar la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la ley de Mercado de Valores con la finalidad de que ellas representen un porcentaje por sobre el monto que ha sido obtenido de manera ilícita por el infractor, de manera que no se repita la situación que pudimos observar en el Caso Cascadas donde a los involucrados se les aplicó una sanción pecuniaria que

 


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