Gonzalo Polanco, Director  Centro de Estudios Tributarios, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Amcham Chile.

A comienzos de 2010, los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmaron un acuerdo para evitar la doble tributación y fomentar el intercambio de información. A cinco años de ese momento, el tratado sigue sin ver la luz, pese a ser cada vez más necesario, en especial tras la aprobación de la reforma tributaria.

Para nadie es desconocido el decisivo rol que ha jugado el intercambio comercial en el desarrollo de la economía chilena. De hecho, a juicio de muchos expertos, es justamente la apertura al exterior lo que permitió a Chile convertirse en uno de los países líderes de la región y es en gran medida donde, en su momento, radicó su promesa de alcanzar el desarrollo antes que sus pares sudamericanos, apoyándose este discurso en las cifras récord que año tras año aumentaban con el ingreso de capitales al país.

Sólo basta considerar que tras poco más de dos décadas y decenas de Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos con países de todo el orbe, las exportaciones aumentaron 9 veces, específicamente entre 1990 y 2012. Por ello, no resulta extraño que desde el gobierno chileno se continúen impulsando medidas para estrechar los lazos, tanto con potenciales socios económicos como con otros ya establecidos, tal es el caso de los tratados para evitar que una empresa que opere en dos países termine tributando en ambos, por medio de los cuales se busca “impedir una doble tributación de rentas generadas por inversionistas extranjeros,  es decir, que sólo tributen en uno de los países o, bien, si tributan en los dos, que haya un método para aliviar la carga”, explica el doctor en Derecho Tributario y  director del Departamento de Tributación Internacional de Deloitte, Hugo Hurtado.

De acuerdo con información del Servicio de Impuestos Internos (SII), desde 1998 a la fecha, Chile ha suscrito 30 convenios de este tipo, 25 de los cuales se mantienen vigentes, y durante el segundo trimestre del año en curso se han firmado dos nuevos acuerdos, con China y Argentina.

Así, a nivel gubernamental, la decisión de empujar pactos de esta índole se basa principalmente en que los convenios tributarios contribuyen a reducir las barreras fiscales a las inversiones y las relaciones comerciales transfronterizas, al flujo de capitales y servicios, así como a la transferencia de tecnologías y conocimientos entre los países. Según lo señalado por el Ministerio de Hacienda, estos tratados permiten mejorar la coordinación entre las legislaciones y autoridades fiscales de cada país, a través del intercambio de información tributaria, lo que es fundamental para combatir la evasión y la elusión fiscal en el contexto internacional. Adicionalmente, contribuyen a otorgar un mayor grado de certeza en materia tributaria a los contribuyentes de los países que los suscriben, mediante el establecimiento de un marco internacionalmente aceptado.


Una visión afín es la que tiene la presidenta de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, Kathleen Barclay, quien agrega que “un acuerdo de esta naturaleza es un incentivo para la inversión extranjera entre ambos países. Tiene un impacto en materia de dividendos percibidos por los accionistas y tributación sobre ganancias de capital (…) y el impacto proyectado sobre los ingresos tributarios para un país se ve compensado por el aumento en las inversiones totales”.

Asimismo, explicó que con este acuerdo también se verán beneficiados los fondos de pensiones chilenos con inversiones en Estados Unidos; facilitará un mayor flujo de capitales, lo que redundará en una profundización y diversificación de las actividades transnacionales, y contribuirá a que el país pueda constituirse en una plataforma de negocios para empresas extranjeras que quieran operar en otros países de la región. Además, permitirá aliviar la carga tributaria de los profesionales chilenos residentes en el país del norte.

El factor Randall Paul

Por eso, y pese a tratarse de un análisis ampliamente compartido, no deja de llamar la atención que aun cuando Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial chileno y responsable de 25,76% del stock de inversiones entre 1974 y 2013, todavía no existe un tratado para evitar la doble tributación entre ambos países.

En febrero de 2010, específicamente el día jueves 4, los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmaron un convenio tributario para evitar duplicar el pago de gravámenes. Cuatro años más tarde, en marzo de 2014, el pacto ingresó a la Cámara de Diputados, donde fue aprobado y hoy está en el segundo trámite constitucional, a la espera de ser revisado y aprobado por el Senado.

Si bien no ha avanzado todo lo rápido que podría esperarse por la parte chilena, en especial considerando que 64% de los convenios actualmente vigentes demoraron entre 2 y 3 años desde que se suscribieron hasta que fueron publicados -siendo el más lento el firmado con Rusia, cuyo proceso demoró 8 años-, ha sido en el Congreso estadounidense donde se quedó entrampado.

Lo que hasta 2010 era casi un trámite de rutina y que no representaba ningún análisis mayor, se volvió un dolor de cabeza para la administración del Presidente norteamericano Barack Obama, desde que en 2011 llegara al Senado el representante republicano del estado de Kentucky, y posible candidato presidencial conservador, Randall Paul. El congresista se ha opuesto sistemáticamente a todo convenio que bajo su óptica pueda vulnerar los derechos esenciales de la privacidad de los ciudadanos, como es el caso de los tratados internacionales, y el que ha sido uno de los caminos vislumbrados por el gobierno demócrata para aumentar la recaudación fiscal sin incrementar los impuestos.

La preocupación del senador republicano reside en el artículo 27 del tratado, relativo al Intercambio de Información, pues éste plantea la cooperación entre administraciones fiscales con el fin de tener acceso a información sobre la cuantía y naturaleza de las rentas de los contribuyentes de los países que suscriben, colaborando así en la búsqueda de reducir la evasión fiscal, algo especialmente relevante en atención al flujo de las inversiones chilenas en el extranjero.


“El derecho estadounidense a la privacidad está siendo disminuido a perpetuidad. Nuestro gobierno está monitoreando nuestros correos electrónicos y los teléfonos celulares, y ahora quieren seguir nuestras cuentas bancarias, que es donde reside el epítome de lo que somos como individuos privados. Allí está lo que compramos, la comida que nos gusta, los medicamentos que tomamos, los médicos que vemos y los lugares a los que viajamos. Todos los estadounidenses -ya sea en casa o en el extranjero- merecen tener protegidos sus derechos”, señaló Randall Paul a través de una carta el 7 de mayo del año pasado a modo de defensa frente a su negación para dar vía libre a los cinco tratados que hoy mantiene bloqueados en el Senado (Chile, Luxemburgo, Suiza, Hungría y España).

En su percepción “los nuevos tratados son de recolección a granel y cuentan con un ambiguo umbral respecto al origen de la preocupación de los gobiernos por tener los registros bancarios, sin que casi sea necesaria ninguna razón”.

Como es de esperarse, esta posición le ha valido múltiples detractores, especialmente en el ámbito económico. Tal es el caso de la Organización Internacional para la Inversión (OFII), desde donde han sindicado a Paul como el culpable de la ralentización del progreso de los tratados y que se ahuyentaran potenciales inversiones de países con convenios en espera, así como de la desventaja que hoy enfrentan las empresas estadounidenses ante ciertos mercados.

En igual línea se manifestó el representante del Consejo Nacional de Comercio Exterior (CNCE), William Reinsch, durante la misma jornada que se expuso el punto del republicano. Para Reinsch “si las empresas estadounidenses quieren mantener una posición competitiva en todo el mundo la política debería prevenir el exceso de pago de impuestos en el extranjero por inversiones transfronterizas, sobre todo si sus competidores extranjeros ya disfrutan de esa ventaja”.

En tanto, desde Chile indican que la posición del senador republicano no guarda mayor lógica pues “Estados Unidos ya firmó un acuerdo de similares características por lo que eso ya debiese estar cubierto. Asimismo, Chile llegó a un acuerdo con la OCDE y adoptó suscribir esto de manera adelantada, siendo un aventajado en normas de transparencia, entonces no veo el problema”, sostiene el experto tributario de Deloitte.

Con esto en mente, y con el objetivo de recabar información que pueda aportar y agilizar a la discusión del tratado, la presidenta de AmCham Chile señaló que realizó una visita a Washington D.C. para hablar con los comités pertinentes en la Cámara Baja y el Senado de Estados Unidos, pues “con un TLC que ya lleva 11 años de vigencia y tiene el 100% del comercio libre de aranceles, es cada vez más necesario promover nuevos mecanismos que incentiven la actividad económica bilateral”.

Los cambios que trajo la reforma

Sin embargo, la oposición del representante de Kentucky no es la única traba que hoy están viviendo las empresas estadounidenses para invertir en Chile.  La reforma tributaria adoptada por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet instaura cambios de diversa índole, siendo de especial preocupación para algunos inversionistas la modificación al gravamen al que serán sometidos, el cual en el caso de quienes provengan de países sin convenio –como los estadounidenses- puede aumentar de 35% a 44,45% a contar del 1 de enero de 2017.

Tal como señala el director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, “la reforma acentúa la importancia de los convenios para evitar la doble tributación, favoreciendo la inversión extranjera desde países con acuerdos debido a que, por ejemplo, en el caso del régimen de integración parcial, las empresas constituidas en un país con convenio tendrán derecho a 100% de crédito del impuesto de primera categoría, mientras que las constituidas en países sin convenio sólo podrán optar al crédito de 65% de su impuesto a la renta, lo que se traduce en que una empresa de Estados Unidos sin el convenio aprobado estaría pagando una tasa efectiva en el régimen semi integrado de 44,5%, en cambio con el convenio vigente su tasa efectiva sería de 35%”.

Dado este cambio se han levantado múltiples voces de alerta, pues se considera que la medida genera distorsiones, posibilitando la modificación de las estructuras, dado que en la búsqueda de rebajar las tasas es factible que la inversión se haga de manera triangulada, es decir, a través de un país con convenio, creando un orden artificial, lo que a futuro puede ser materia de litigio.

Adicionalmente, generaría una discriminación negativa entre inversionistas extranjeros a quienes se les estarían cambiando las reglas del juego tras más de 20 años de trabajo conjunto sin existir una justificación clara para hacerlo. Así lo sostiene Miguel Zamora, y socio director del área tributaria del estudio de abogados Noguera, Larraín & Dulanto, quien asegura que “no se entiende por qué hoy a un dueño de una empresa, alemán, japonés o de USA, Chile le cobre impuestos por un total de 44,45%, pero si ese socio es canadiense, español o francés, la carga tributaria es casi 10 puntos menos”, quien es categórico al agregar que “es insostenible y genera incentivos malos. Chile, como una economía pequeña, abierta al mundo, no puede permitirse ese tipo de distorsiones”.

Y es que a pesar que en la literatura especializada se establece que la decisión de invertir en un país normalmente no está motivada por fines tributarios, una vez que el inversor decide hacerlo, el gravamen sí puede influir en la elección del país en que lo haga. De hecho, es justamente en este punto donde se basa la inquietud de los expertos. “Me preocupan los nuevos proyectos, pues me toca ver países que antes tenían como prioridad Chile, pero hoy comienzan a pensar en Colombia y Perú como opciones. Si nos enfrentamos a países con similares estabilidad macroeconómica,  niveles de transparencia y una política estable,  es posible que las inversiones se vayan a otros países de la región en busca de mejores tasas, pues si bien en esos países las tasas también son altas, no llegan a 44,45%”, explica Hugo Hurtado de Deloitte.

Cabe destacar que en el caso de Estados Unidos se da una situación aún más compleja, pues dicho país tiene un sistema unilateral de créditos que tiene un tope de 35%, por lo que al tener un gravamen en torno a 44,45%, la diferencia se traduce directamente en un menor retorno de la inversión.

Si bien hay variadas opiniones sobre la posible solución que este tema puede tener, todos coinciden en que no existen recetas mágicas, por lo que debe buscarse una salida alternativa, pues de lo contrario, y tal como señaló Kathleen Barclay, “en la ausencia de este acuerdo, la tasa efectiva para inversionistas estadounidenses puede ser hasta 44%, haciéndoles menos atractiva la inversión en Chile”, algo que, obviamente, nadie quiere.

FATCA


Tras estimar que las pérdidas por evasión tributaria significan más de US$ 100 mil millones anuales, el 18 de marzo de 2010 el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), la cual tiene por objetivo principal determinar si ciudadanos norteamericanos que cuenten con inversiones en el extranjero están evadiendo impuestos. En el caso de Chile, el acuerdo intergubernamental para dar cumplimiento a FATCA fue firmado en marzo de 2014, estableciéndose la obligatoriedad por parte de las instituciones financieras chilenas de entregar información al gobierno norteamericano respecto de las cuentas y/o productos que pudiesen mantener contribuyentes provenientes de dicho país en Chile. Además, se establece que en caso de no autorizarse la entrega de información por parte del cliente, las entidades financieras deben cerrar las cuentas e informar de esta situación al gobierno estadounidense, dando el nombre del contribuyente. Este acuerdo dio inicio al intercambio de información a nivel global entre las instituciones financieras y la autoridad tributaria estadounidense. Cabe destacar que se trata de información global y no especifica la situación de los clientes, de manera de no infringir la ley de privacidad bancaria existente en Chile.


Volver