Gonzalo Polanco, Director  Centro de Estudios Tributarios, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, La Tercera.

En días recientes ha surgido la discusión acerca de la conveniencia de dictar una ley que aclare, simplifique y corrija aspectos de la reforma tributaria publicada el año pasado. El Ministro de Hacienda ha indicado que no es el tiempo de pensar en modificaciones de rango legal sino que se encuentran concentrados en su implementación a través de circulares.

La limitación que tiene el camino propuesto por Hacienda es evidente: las instrucciones del SII son normas de jerarquía inferior y por tanto deben supeditarse a la ley, por lo que no es posible a través de esta vía complementar vacíos que pudieron quedar, ni mucho menos modificar los aspectos que tras un análisis pausado se pueda concluir que no resultaron convenientes. Las Circulares son interpretaciones y solo aclaran lo que está dicho: no complementan ni suprimen.

Resulta evidente pensar que una reforma de tal envergadura no está exenta de errores, y también pueden haber variado las circunstancias que se tuvieron en consideración al dictarla, por ejemplo, pensar que la economía crecería a un ritmo mayor al que ahora se constata. Aceptar este hecho  implica un acto de humildad y de reconocimiento que por diversas razones, no todas las variables pudieron ser tomadas en consideración.

Y por cierto hay aspectos que podrían ser mejorados. Nombremos solo algunos que me han mencionado contribuyentes en diferentes conversaciones:

Simplificación del sistema: La coexistencia de dos regímenes generales -renta atribuida o “régimen A” e integración parcial o “régimen B”-  es una experiencia inédita en nuestro país que ha sido objeto de muchas preocupaciones entre los profesionales del área. Particular preocupación existe debido a que en un mismo grupo empresarial podrán existir compañías sujetas a diferentes regímenes, lo que obligará a tener clara la situación tributaria de las filiales para cumplir las obligaciones de las matrices.

Fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes: El artículo 59 del Código Tributario establecía un plazo fatal de 9 meses para que el SII avanzara en sus procesos de fiscalización, todo ello con el objeto de que las fiscalizaciones al contribuyente no lo dejarán demasiado tiempo en incertidumbre sobre su situación. Sin embargo, la reforma tributaria eliminó la palabra “fatal” por lo que el mismo SII ha interpretado que lo actuado después de estos 9 meses sigue siendo válido, eliminando de esta manera el sentido para el cual fue modificado este artículo el año 2010.

Aumentar los estímulos al ahorro: Si los niveles de inversión han caído, bien vale la pena preguntarse si no es hora de pensar en  beneficios adicionales a la depreciación instantánea y ultra acelerada, creadas para robustecer este aspecto tan importante de nuestra economía.

La lista de temas podría aumentar. Sólo he mencionado tres aspectos que pueden ser mejorados. Cerrarse de antemano siquiera a sostener esta discusión pareciera ser una obstinación que el país no se merece, así como tampoco se merece el intento de sacar réditos políticos pequeños mostrando como si todo lo hecho en la reforma tuviese que ser derribado. Tomar una u otra opción puede generarnos costos que en poco tiempo más los contribuyentes y el país entero podrían lamentar.


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