cnnGonzalo Polanco, Director  Centro de Estudios Tributarios, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, La nacion.

El Plan de Acción Contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, según sus siglas en inglés, fue el contexto de un seminario de especialistas que debatieron sobre esta reforma tributaria global.

El necesario debate sobre el impacto del Plan BEPS en el contexto de una reforma tributaria en Chile continuó en el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile con una segunda sesión introductoria.

El Plan de Acción Contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, fue analizado por Marcelo Muñoz, abogado, socio de Salcedo & Cía; Roger Matthei, abogado, socio de Matthei Abogados; Paula Acevedo, ingeniero comercial y jefe del Departamento de Análisis Selectivo del Cumplimiento Tributario, subdirección de Fiscalización Servicio de Impuestos Internos (SII) además de Fabian Jofré, abogado de Tax Advisors. Como expositores y moderadores participaron también Marcos Bravo, contador auditor y socio de Salcedo & Cía y Gonzalo Polanco, abogado, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

El panel tributario "El Plan BEPS de OCDE y su impacto en Chile", abordó diversas problemáticas y jurisprudencias referidas a la iniciativa de carácter internacional propiciada por los países miembros de la OCDE y el G20 y que contemplan la regulación de prácticas impositivas agresivas, medición y monitoreo de las maniobras de contribuyentes que depositan las utilidades de sus empresas en territorios de escasa o nula tributación.

La representante del SII, Paula Acevedo, comentó que el tratamiento tributario en general es particular en cada cultura, pero que requiere una norma que reúna criterios en la era global. "Los regímenes preferenciales del reporte BEPS identifican tantas jurisdicciones como países y detalles sobre materias tan relevantes como la propiedad intelectual como parte de la actividad sustancial de las empresas. Lo recomendado es fijarse en esos intangibles que deben estar relacionados con la actividad creativa o la I+D", aconseja para no repetir el caso Apple Vs Irlanda, empresa que debió pagar más de 13 mil millones de euros en impuestos no cobrados en la isla.

El abogado de Tax Advisors, Fabián Jofré, también profundizó sobre otros fenómenos como la baja tributación por patentes de investigación y desarrollo en paraísos fiscales para empresas originarias de EEUU, la fuga de cerebros o las preferencias de registro de patentes en otros territorios como parte de esta elusión internacional. Citó el caso español que alienta a los inversores extranjeros a no importar desarrollos ya hechos, sino crear en la misma península; y desde la realidad chilena, advirtió, que nuestro país está "algo al debe" en este tipo de revisiones y que hay que partir por una reforma local que se modere después con otras jurisdicciones ante un panorama que describe como "difuso".

"Comparto que nuestra legislación no logra visibilizar normativas que ataquen o se hagan cargo de la fiscalización de estos mecanismos híbridos. Yo no apostaría por una reforma tributaria en este sentido. Las medidas BEPS son tan potentes en sus principios que desde un inicio otorgan facultades poderosas a la administración fiscal", consideró Roger Matthei, socio de Matthei Abogados.

Evalúa el aporte de esta normativa internacional que propone BEPS de una manera categórica. "Si el Servicio de Impuestos Internos ejerciera una correcta aplicación de sus facultades de fiscalización entregadas por BEPS, se tornaría innecesaria una reforma tributaria. Es decir, sería redundar más en los principios que se le otorgan al SII. Lo mejor sería fortalecer facultades que ya tiene", expresó desde el panel del Auditorio PWC.

Marcelo Muñoz, socio fundador de Salcedo y Cía., detalló el caso uruguayo donde se exentan impuestos como regla determinada en tratados bilaterales o convenios que se hacen cargo de lo que no está escrito en la ley. "Pero ojo, que las analogías podrían viciar la norma e incluso entrar en conflicto con la Constitución", reveló ante otras experiencias ajustadas a otras realidades. "Recordemos que los tratados obligan y existen cláusulas que se sujetan a ciertos aspectos, algo que no existe en Chile, pero que habla de un fenómeno en el que hay que estar atento a todas sus articulaciones".

"Los nuevos tratados con países como China, Argentina y Uruguay incluyen preguntas para las partes como ¿cuánto tiempo lleva la empresa en el país?, ¿quién es el dueño efectivo?, ¿cuáles son sus proyectos?, preguntas que permiten obtener parámetros de carácter objetivo. Pero calificar a cliente de uso abusivo es un criterio subjetivo, algo muy complejo y hay que ver como las instituciones van a participar en esta investigación", reiteró Jofré.

"¿Sirven esos antecedentes como indicadores? Sí, podría ser. Pero me gustaría recalcar que el SII ha estado observando esto desde siempre. Preguntándose si estas operaciones se hacen por legítima razón de negocios o por la obtención de un beneficio fiscal y el SII ha estado ahí para rechazarlas cuando es pertinente", señaló.

"Se ha hablado de principios rectores de la OCDE que delimitan cómo se calificará una conducta abusiva o una planificación tributaria altamente elusiva. Estos son principios rectores muy novedosos para la comunidad internacional, pero en el área chica, en nuestro país doméstico, nosotros contamos desde hace un tiempo con una nueva norma nacional anti elusión para recabar la intención del cliente para ver tal o cual negocio. Es algo nuevo incluso para la OCDE, entonces quien puede lo más puede lo menos. Esto me causa un poco de frustración porque en lo práctico, en Chile no existe ningún caso de norma anti elusión definitiva. Deberíamos esperar un caso aplicable en la normativa para que los Tribunales de Justicia sean los que orienten sobre estas normas anti elusión", reflexionó.

 


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