Javier Jaque, Profesor Centro de Estudios Tributarios, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Diario Financiero

Entre los argumentos que se esgrimen para apoyar la idea de legislar y aprobar la reforma de modernización tributaria, destaca el que tiene relación con el impulso económico que se pudiera generar, a través de diversas medidas en favor de las PYME,

como es el caso de la simplificación en los procesos tributarios y contables; y las mejoras en el proceso de capacitación; así como también los efectos que podrían producirse por los tributos de las plataformas digitales desde la perspectiva de la equidad relativa en contribuyentes, quienes no tributan con igual carga impositiva, generando distorsiones en la actividad económica.

Ha quedado demostrado que la reforma en curso no sería de tipo recaudatoria, sino que más bien de modernización del sistema tributario. Por ello es que surgen cuestionamientos acerca de cuán efectivas son las medidas para modernizar el régimen y las que van a favor de la reactivación económica. Esto es fundamental si es que nuestro país busca alcanzar el desarrollo. En este aspecto, el principio de equidad juega un rol clave.

En términos generales, el principio de equidad vinculado con la capacidad contributiva o capacidad de pago se relaciona directamente con lo que los contribuyentes pudieran asociar a justicia tributaria. De su definición, se aprecian los subconceptos de equidad vertical, del que se desprende que quienes se encuentren en una situación distinta en cuanto a capacidad contributiva tributen de manera diferenciada y progresiva, y de equidad horizontal que supone que quienes se encuentren en igual situación económica deben tributar similar cantidad de impuestos. En este caso, es importante que la capacidad contributiva de los impuestos personales sea global.

En Chile, particularmente el impuesto personal o final para residentes se llama Impuesto Global Complementario. A pesar que su nombre hace referencia a los conceptos indicados anteriormente, la equidad horizontal alcanzada por el sistema resulta bastante cuestionable. En términos simples, aquella persona que es dueña de una empresa tributa por los retiros de ésta con impuestos personales o finales de igual manera que la persona que trabaja como dependiente o independiente.

La diferencia entre una persona natural y jurídica es que los dueños de las empresas tributan por lo que efectivamente ha incrementado su patrimonio, debido principalmente a que en la generación de la renta las empresas tuvieron acceso a todos los descuentos legalmente permitidos como gastos que fueron necesarios en la generación de la misma; mientras que las personas que trabajan como dependiente o independiente no pueden deducir más que las cotizaciones previsionales. Esto pese a que para haber generado la renta se debiera también incurrir en gastos, tales como vestimenta, salud, transporte, entre muchos otros.

Como país justamente debemos reconsiderar este punto en nuestro sistema tributario, entendiendo que el actual proyecto debería modernizar este principio. En otros países desarrollados o en vías de serlo, este concepto aparece como una fortaleza dentro del sistema tributario, utilizándose como una herramienta para que los contribuyentes entiendan y perciban el sistema como "justo".

Por esta razón, es importante hacerse las siguientes preguntas: bajo el concepto de equidad antes mencionado, ¿tributan de la misma forma el dueño de una empresa y la persona que trabaja como dependiente o independiente? Y para que nuestro sistema cumpla con los estándares y parámetros de la OCDE, ¿se debería tributar en igualdad de condiciones bajo la misma cantidad de rentas generadas?

Finalmente, ¿es posible considerar el actual proyecto a favor de la modernización del sistema tributario si no contiene los elementos mínimos que generen un régimen más equitativo?

 


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