Reporte Tributario Nº39 Julio 2013

Como se señaló anteriormente, el tratamiento tributario del mayor valor en la enajenación de derechos sociales se asimiló al tratamiento que afecta al mayor valor obtenido en la enajenación de acciones. En consecuencia, también podrán beneficiarse, en el caso que la renta deba gravarse con el impuesto único de primera categoría, con la exención establecida en el inciso cuarto del artículo 17 N.° 8.

Esta exención es aplicable cuando el mayor valor sea obtenido por un contribuyente no obligado a declarar su renta efectiva en la primera categoría y siempre que su monto no exceda de 10 UTM por cada mes, cuando el impuesto deba retenerse, como es el caso de los contribuyentes del impuesto adicional, o de 10 UTA cuando la renta deba declararse anualmente.

Nótese que en este caso también se ven beneficiados los contribuyentes del impuesto adicional con motivo de la nueva tributación de los derechos sociales, porque podrán gozar de la exención en el caso de enajenar la propiedad de sus empresas en Chile, en la medida que cumplan los requisitos que exigen las normas legales involucradas.

La propiedad sobre las empresas se ve reflejada en acciones y derechos sociales, títulos que pueden ser enajenados por sus dueños generando rentas que deben cumplir las obligaciones tributarias que la Ley sobre Impuesto a la Renta1  les impone.

La tributación que afectaba al mayor valor en la enajenación de acciones, siempre fue diferente respecto de aquella que afectaba al mayor valor en la enajenación de derechos sociales. Por ejemplo, las acciones pueden gravarse con el impuesto de primera categoría e impuesto global complementario o adicional2 , según corresponda. Además pueden gravarse con el Impuesto a la Renta de primera categoría en carácter de único, o finalmente, quedar liberadas de tributación cuando correspondan a acciones con presencia bursátil, en los términos que establece el artículo 107 de la LIR.

Ahora bien, los derechos sociales al sólo estar afectos al régimen general de tributación3 , la carga tributaria de los inversionistas o empresarios se diferenciaba dependiendo si enajenaban derechos o acciones. Asimismo, existía una manera distinta para determinar los costos tributarios, aumentando de este modo, la brecha en la imposición de las rentas que originan estos títulos.

Como consecuencia de lo anterior, desde el punto de vista tributario, no era lo mismo enajenar derechos que acciones. Por lo tanto, los propietarios de las empresas, cuando decidían enajenar la propiedad de las mismas, naturalmente que buscaban la opción más económica que permitiera la ley.

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos, ha emitido innumerable jurisprudencia e instrucciones sobre la materia, entre las cuales existen cambios de criterio en la interpretación de las disposiciones legales. En el último tiempo, tenemos por ejemplo, la circular N.° 20 de 2010 que reinterpreta la expresión “en la que tenga interés” vinculada con las normas de relación en las operaciones de enajenación, y la circular N.° 69 del mismo año, donde se reinterpreta el segundo ajuste o rectificación que ordenaba el artículo 41 N.° 9 de la LIR., que incidía directamente en la determinación del costo tributario de los derechos sociales.

Con la entrada en vigencia de la Ley N.° 20.630, publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de septiembre de 2012, se introdujo una serie de modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta. Entre estas modificaciones se encuentran algunas destinadas a homologar la tributación que afecta a los propietarios de las empresas, muchas de las cuales ya hemos revisado en reportes anteriores. Por ejemplo, se equiparó el tratamiento tributario de los retiros encubiertos regulados en el artículo 21, como gastos rechazados, préstamos, retiros presuntos, entre otros.

Ahora bien, en el presente reporte observaremos como la modificación legal señalada también asemejó la tributación de los propietarios de las empresas, sean accionista de sociedades anónimas o socios de sociedades de personas. Es así, como observaremos que las acciones y derechos sociales compartirán la misma tributación del artículo 17 N.° 8 de la LIR., la exención del artículo 57, determinarán de igual forma los costos tributarios en su enajenación y otras materias que revisaremos a lo largo de este Reporte Tributario.

Por todo lo expuesto, el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, en el presente Reporte expone una síntesis de la nueva tributación que afectará a los derechos sociales a contar del 01 de enero de 2013, con motivo de las modificaciones introducidas a la Ley sobre Impuesto a la Renta por la Ley N.° 20.630, de 2012. Igualmente, el Centro de Estudios continuará desarrollando temas impositivos que constituya un aporte para la comunidad universitaria y sean de utilidad para los profesionales dedicados a estas materias tan contingentes.

 

Luis González Silva
Magíster en Tributación
Universidad de Chile
Colaborador del Centro de Estudios Tributarios.


1 En adelante indistintamente LIR.
2 Esta tributación corresponde al régimen general.
3 Impuesto de primera categoría e impuesto global complementario o adicional.

El artículo 54 N.° 1, inciso séptimo1  y artículo 622  de la LIR, establecen que las rentas de los artículos 20, N.° 23  y del artículo 17 N.° 84 , percibidas por personas que no estén obligadas a declarar según contabilidad, podrán compensarse rebajando las pérdidas de los beneficios que se hayan derivado de este mismo tipo de inversiones en el año calendario5 .

Ahora bien, como la tributación de los derechos sociales se encontraba regulada en los artículos 41, 20 N.° 5 y 69 N.° 3 de la LIR., y ahora ha sido incorporada al artículos 17 N.° 8 con motivo de las modificaciones introducidas por la Ley N.° 20.630 de 2012, provoca que tales rentas queden comprendidas entre aquellas susceptibles de ser compensadas en los términos antes descritos. Por lo tanto, a contar del 01 de enero de 2013, los contribuyentes que obtengan un menor valor en la enajenación de derechos sociales clasificado en el régimen general de tributación, podrán compensarlos con otras rentas del artículo 17 N.° 8, como por ejemplo; el mayor valor en la enajenación de acciones o de bienes raíces, entre otros, que dispone dicho artículo, como asimismo, con otras rentas del artículo 20 N.° 2, como son los dividendos percibidos. Del mismo modo, si de la operación de venta de derechos sociales se obtiene un mayor valor, éste puede ser compensado con otras pérdidas de los artículos señalados, como por ejemplo; pérdida en la venta de acciones, entre otros.

 


1 Base imponible del impuesto global complementario
2 Base imponible del impuesto adicional
3 Rentas de capitales mobiliarios.
4 Mayores valores de los bienes y derechos que dicha disposición regula.
5 Las instrucciones se encuentran en la circular N.° 15 de 29.01.1988.

Las instrucciones hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley N.° 20.630 de 2012, se encontraban en la circular N.° 69 de 2010, donde se diferenciaba la determinación del costo tributario de los derechos sociales en su enajenación dependiendo si el contribuyente enajenante determinaba o no renta efectiva según contabilidad completa y balance general, o si se encontraba o no relacionado con quien adquiría tales derechos.

Las normas de relación se encontraban en el inciso cuarto del artículo 41 de la LIR, disposición que establecía que existía relación en los siguientes términos:

Cuando la enajenación de derechos en sociedades de personas, las realicen a la empresa o sociedad respectiva o en las que tengan interés:

•    Los socios de sociedades de personas.
•    Los accionistas de sociedades anónimas cerradas.
•    Los accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 10% o más de las acciones.

Al respecto cabe recordar que el Servicio también durante el año 2010 había realizado un cambio de criterio, referido al alcance de la expresión “en la que tenga interés” que reseñaba el inciso cuarto del artículo 41 de la LIR. Este cambio de criterio fue plasmado en la circular N.° 20 de fecha 08 de marzo de 2010, donde se interpretó que el interés debe existir en el momento en que se efectúa la enajenación, lo cual permite concluir que tal interés también se produce entre el aportante y la sociedad en formación o constitución. Por lo tanto, cada vez que un socio realice un aporte de cualquier bien en la constitución de una sociedad, siempre se entenderá que habrá  interés respecto de ella.

Como se mencionó anteriormente, la Ley N.° 20.630 de 2012 derogó el inciso cuarto del artículo 41 de la LIR, donde estaban establecidas las normas de relación. Sin embargo, estas mismas disposiciones se encuentran incluidas en el inciso cuarto del artículo 17 N.° 8. Por lo tanto, al traspasarse la tributación de los derechos sociales a este artículo, continuarán siendo aplicables las mismas normas de relación antes descritas.

 

Cuando la enajenación es efectuada por un contribuyente que no determina renta efectiva según contabilidad completa a un tercero relacionado o con el cual tenga interés, se aplicaban las disposiciones contenidas en el artículo 41 inciso cuarto de la LIR., donde se determinaba una manera distinta de establecer el costo tributario.

Para efectos de determinar este costo no se consideraba la participación en el capital propio tributario, sino que se reconocía el costo efectivo utilizado en la adquisición de los derechos sociales y/o el costo efectivo de los nuevos aportes de capital. Es decir, nunca se utilizaban como parte del costo las utilidades acumuladas en las empresas, debiendo descontarse de tales cantidades las utilidades reinvertidas que hayan sido utilizadas en la adquisición y/o en los nuevos aportes de capital, para finalmente descontar las devoluciones formales de capital.
En resumen, el costo tributario se determinaba de la siguiente manera:

 

Todos los valores señalados deben ser reajustados de acuerdo a la variación del IPC entre el último día del mes anterior a la adquisición, aporte o disminución de capital, y el último día del mes anterior a la enajenación.