Reporte Tributario Nº15 Mayo 2011

No debemos perder de vista, que la esencia del artículo 41º es la aplicación de un mecanismo tendiente a minimizar el efecto inflacionario que provoca el mercado a los activos y pasivos de todo contribuyente obligado a llevar contabilidad (desde una perspectiva tributaria). Comprendido lo anterior, es factible inferir que el artículo 41º no es precisamente una norma que establece la valorización o costo de los activos y pasivos que en ella se encuentran contenidos, muy por el contrario, la norma en comento solo establece el “cómo dichos activos y pasivos se protegerán del efecto inflacionario”, jamás ha establecido una forma de valorización.

Pensar que el artículo 41º de la Ley de la Renta establece formas de valorización, sería desconocer o contradecir varias de las normas que establecen costo y que se encuentran dispersas por todo el cuerpo legal en comento, en efecto, si citamos el caso particular de las acciones, el costo tributario de dicho activo no es precisamente el señalado en el Nº8 del inciso 1º del  artículo 41 de la ley en comento, sino que es aquel que se encuentra claramente señalado en el Nº 8 del artículo 17 del mismo cuerpo legal, no distinguiendo dicha norma de forma alguna si el enajenante lleva o no contabilidad; otro ejemplo son las “mercaderías o existencias”, donde el costo se encuentra contenido en el artículo 30 de la misma ley y no en el Nº 3 del artículo 41 antes señalado que establece la mecánica de protección al proceso inflacionario.

Mucho tiempo ha transcurrido desde la publicación del reporte tributario N° 5 (junio de 2010), muchos cambios interpretativos y legislativos han acontecido, es por ello que resulta interesante volver a conversar, escribir e incluso discutir respecto de uno de los temas que ha sufrido cambios en su interpretación, nos referimos a la valorización de los derechos en sociedades de personas; más aún cuando a dicha conversación necesariamente debemos incorporar un importante grupo multidisciplinario de profesionales para la obtención de una conclusión que permita obtener el adecuado tratamiento tributario a este tipo de inversiones.

Sin duda que aquellos que nos dedicamos al estudio de las temáticas impositivas, a medida que el tiempo transcurre, nuestro pensamiento y formar de observar, analizar y concluir los temas tributarios están en constante evolución. Es por ello que estimamos necesario volver a opinar respecto a esta materia, más aún cuando el organismo fiscalizador ha dado potentes señales de evolución al ser capaz de refundir varios aspectos de la valorización de los derechos sociales en un solo pronunciamiento, el cual es claro y preciso en varios puntos de su desarrollo.

Utilizamos la expresión en varios puntos de su desarrollo, porque es precisamente uno de ellos, valorización tributaria de los derechos sociales cuando el contribuyente se encuentra obligado a llevar contabilidad completa, el que nos motiva nuevamente a interactuar con ustedes, nuestros lectores.

Más aún si consideramos que a la fecha muchas instituciones han realizado distintas charlas, seminarios o simposios para discutir al respecto, ejemplo de ello es la reciente actividad realizada por el Instituto Chileno de Derecho Tributario, donde precisamente uno de los tema a discutir fue el cambio en la valorización de los Derechos Sociales, a decir verdad, se extraña que en dicha oportunidad brillarán por su ausencia conceptos tales como “aporte”, “derogación de la Circular 158 de 1976” y la “interpretación histórica de que el inciso 3º del artículo 41 de la Ley de la Renta es solo para aquellos contribuyentes que no llevan contabilidad”.

Reporte Tributario preparado con la asistencia de:



Manuel Montes Zárate.
Contador Auditor
Profesor Magíster en Tributación
Universidad De Chile
Colaborador CET-UChile

Estimados lectores,

En esta décima quinta edición del Reporte Tributario, Nº15 Mayo/2011, deseamos retomar la discusión de un tema que en este último tiempo, a nuestro juicio, pudiera calificarse como controversial, nos referimos al cambio de criterio oficiado por la autoridad tributaria mediante Circular Nº69 del año 2010, pronunciamiento que trata sobre la determinación del costo tributario frente a la enajenación de una inversión en Derechos Sociales.

La circular antes señalada se pronuncia sobre las distintas situaciones en que un contribuyente pudiera encontrarse para la determinación del costo de su inversión en Derechos Sociales, en este reporte se examinará la situación que ha causado mayor controversia a juicio de los especialistas tributarios, nos referiremos a la determinación del costo de los derechos sociales de contribuyentes sometidos al mecanismo de corrección monetaria. El tema en análisis es de fuerte discusión, lo que puede apreciarse en las variadas actividades realizadas por institutos, empresas y universidades que abren el debate frente al cambio de criterio, el cual se traduce en la migración de la aplicación del VPP Tributario que perduró desde la promulgación de la Circular 100 de 1975, hasta la entrada en vigencia de la Circular 69 antes señalada, instrucción última que establece la aplicación del costo corregido ajustado.

Lo anterior, pudiera explicarse, en el requerimiento a que la autoridad tributaria estableciera un criterio único que reemplazara la numerosa y potencialmente contradictoria jurisprudencia administrativa existente, un criterio consistente con el tenor literal de lo expresado por el legislador, contribuyendo de esta forma a cerrar cualquier puerta o foco de elusión o planeación fiscal.

El Centro de Estudios Tributarios (CET UChile), continuará mensualmente desarrollando temas de índole tributaria, para lo cual los invitamos a visitar www.cetuchile.cl donde podrán encontrar publicaciones sobre diversos estudios tributarios, seminarios, apariciones en prensa de nuestros colaboradores e integrantes, análisis de jurisprudencia, historial de reportes tributarios, tesis para la obtención del grado de Magíster en Tributación de la Universidad de Chile, entre otras temáticas.
Invitamos a todos los lectores a interiorizarse detalladamente de las labores y actividades que desarrolla el Centro de Estudios Tributarios (CET UChile), a través del archivo adjunto denominado Tributación en la FEN (Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile).

Saludos cordiales,
Profesor Javier Jaque López
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios
CET UChile

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Tal cual nos referimos en el reporte tributario N° 5 anterior, los contribuyentes que en el ejercicio de su actividad obtienen resultados (utilidades), mientras estas no sean retiradas de la respectiva sociedad o empresa, dichos conceptos seguirán formando parte del patrimonio de dicha compañía a la espera que los propietarios por la mecánica del retiro den utilización a dicha utilidad. Este concepto es consistente con la definición de Patrimonio Tributario que el legislador establece en el N° 1 del artículo 41 de la Ley de la Renta.

Sin el ánimo de redundar, sino con el claro objetivo de que el concepto antes señalado quede claro una vez más, estimamos pertinente explicar nuevamente el concepto patrimonio bajo un prisma algo diferente. Si pensamos en un ejemplo simple y práctico, un contribuyente que inicia actividades comerciales con un capital aportado en dinero en efectivo por $1.000, acogiendo su forma de tributación a las normas de la primera categoría con contabilidad completa y balance general. Como información anexa agregamos que durante el año comercial tuvo ingresos por $2.000 los cuales se encuentran íntegramente pagados en efectivo. De los ingresos obtenidos, $1.500 de ellos corresponden a ingresos tributables, constituyendo el saldo un ingreso no renta. Agregamos al ejemplo que el contribuyente como socio efectuó retiros en el ejercicio por $300.

Los resultados tributarios que el contribuyente debe determinar son los siguientes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, el capital propio tributario inicial del contribuyente totaliza la suma de $1.000, al final del ejercicio, dicho capital propio se ha visto incrementado a $2.700. El incremento patrimonial del ejercicio en cuestión fue de $2.000 (RLI + Ingreso no renta), teniendo además un detrimento patrimonial (Retiro) por $300.

Como es posible concluir, las utilidades generadas por la compañía mientras estas no sean retiradas de la compañía (FUT – FUNT que asciende a $1.700), dichos preceptos forman parte del patrimonio tributario de la respectiva sociedad, donde la cifra antes señalada (utilidades acumuladas) corresponde al incremento de patrimonio neto (incremento descontado los detrimentos patrimoniales) acumulado en la empresa aun no retirado.

La situación antes descrita permite dejar a firme lo manifestado en primera instancia, que las utilidades generadas u obtenidas por todo contribuyente mientras permanecen acumuladas en la empresa formarán parte del capital propio tributario de la sociedad, situación que en la práctica está en perfecta armonía con lo preceptuado por nuestro legislador al definir capital propio en el N° 1 del artículo 41 de la LIR.