Gonzalo Polanco, Director  Centro de Estudios Tributarios, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, El Mercurio.

Antes de que en septiembre de 2015 entrara en vigencia la normativa antielusión tributaria, los pronunciamientos de la Corte Suprema fueron incorporando paulatinamente el tema en sus fallos, tal como lo han hecho otros países, como Estados Unidos y Canadá. Pero su implementación se ve compleja.

El nuevo régimen antielusión fue analizado en una conferencia organizada por el Centro de Estudios Tributarios (CET) de la U. de Chile y DyP Abogados, Estudio Juan Agustín Figueroa.

Entre otras interrogantes, no se sabe cuáles serán los criterios del Servicio de Impuestos Internos (SII), si el director nacional delegará en los directores regionales la declaración de abuso o simulación, dice Medardo Lagos, socio de DyP Abogados.

El abogado ve contraposición entre distintos principios, entre los cuales menciona la seguridad jurídica de los contratos, donde ni siquiera los jueces se inmiscuyen en interpretar la voluntad de los contratantes. También plantea la incógnita de cuál será la interpretación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) o del Tribunal Constitucional, al invocar los derechos de asociación, de desarrollar actividades económicas o alegar discriminación en el trato que debe dar el Estado en materia económica.

La citación del SII marca el elemento más importante del proceso de fiscalización del servicio, sostiene Óscar Meriño, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de los TTA. Pero opina que la circular respectiva no precisa los requisitos de la citación, si se debe informar al contribuyente que está en proceso de verificación por abusos o simulación de modo que acompañe todos los antecedentes. Si no es así, se produce un tema complejo para el juez de estar ante una situación de indefensión de un contribuyente que no sabía por qué se le estaba citando. "Falta mayor capacitación y apoyo para incorporar auditores, ingenieros y abogados a los TTA", comentó.
Reforma

La Ley 20.180 sanciona conductas de abuso y simulación que constituyan figuras de elusión de impuestos.


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