Gonzalo Polanco, Director  Centro de Estudios Tributarios, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Diario Financiero

Entre los especialistas, se discute cómo financiar las medidas de ayuda del Gobierno debido a la baja en la actividad económica. Se propone hacerlo por medio del FEES, de endeudamiento, o una combinación de ambos.

El tema va más allá del corto plazo. Estimaciones indican que nuestro déficit estructural podría llegar en 2020 a 3,2% del PIB y recién en 2022 estaríamos en una situación similar a la de 2017. Por lo tanto, el financiamiento del presupuesto es un tema que nos va acompañar por un tiempo.

Ante este contexto, es posible pensar en otra herramienta: la tributaria. Si bien no es buen momento para que el Estado plantee aumentar la carga tributaria de manera inmediata, ya que se acaba de publicar una reforma, y las empresas y personas tienen problemas económicos serios, se debería estudiar nuestro sistema a mediano plazo. Por ejemplo, se podría cumplir con la aspiración de examinar el sistema de tributación a la renta, dejando de parchar un techo que es reparado cada cierto tiempo. Esto incluye revisar las exenciones y tratamientos preferenciales diseminados en la legislación, que fueron establecidos hace años sin que exista una evaluación de impacto.

Existe un alto grado de consenso de que el sistema tributario chileno requiere de mayor progresividad. Su regresividad deriva de que un impuesto al consumo como el IVA tiene una incidencia en la recaudación total demasiado alta, en comparación con los gravámenes directos, como el impuesto a la renta. Se puede concluir esto al observar la situación de los países de la OCDE, cuyo impuesto a la renta es el más importante recaudador.

Si bien el país aún tiene espacio para aumentar la carga impositiva, medida que podría ayudar a financiar políticas estatales, el asunto delicado es contestar quién debe soportarla. Usualmente se da una respuesta espontánea: “que paguen los que más tienen”. La mayoría está de acuerdo, pero no resulta tan fácil. La teoría económica enseña que ninguna autoridad puede decidir quién es el que paga el aumento de impuestos. Se puede establecer un mayor gravamen en ciertas áreas, pero las empresas podrían traducir ese costo en un aumento de los precios de bienes y servicios, lo que termina siendo asumido por los compradores.

¿Significa eso que hay que cerrar la puerta a un aumento de impuestos a los más ricos? No, pero como toda política pública, ésta debe adoptarse mirando la experiencia de otros países, la cual muestra que los resultados han estado lejos de lo esperado en términos de recaudación.

Una rebaja de impuestos transitoria a las empresas para reactivar la economía sería una política contradictoria con el esfuerzo fiscal solicitado al Gobierno. Se cree que los impuestos son la única variable que toman en cuenta las empresas para hacer una inversión. En la práctica, evalúan muchos aspectos, por lo que dudo que una rebaja vaya a tener un efecto poderoso en crecimiento.

El país necesita un presupuesto equilibrado y un análisis profundo del tema, porque nos podemos endeudar, pero ese endeudamiento no es infinito.